Escribe Daniel Rafalovich*

Ya lo dejó escrito John William Cooke: “El peronismo es el hecho maldito de la política del país burgués”. Pasados los años podríamos agregar “cierto peronismo” aunque se están revelando unas cuantas voces (que hace 20 años no se hubiesen animado a tanto) rogando eliminar al peronismo en su conjunto de la faz de la tierra.

No es ninguna novedad, claro: desde el golpe que derrocó al gobierno democrático de Perón, que había sido reelecto en 1952 con el 62% de los votos, lo intentaron todo. Ya habían bombardeado la Plaza de Mayo en junio de ese fatídico ’55 dejando cientos de muertos, heridos y mutilados. 

Y luego del brevísimo interregno de Lonardi quien acuñó eso de “Ni vencedores ni vencidos” pasaron al frente los gorilas más salvajes: Aramburu y Rojas. El 5 de marzo de 1956 sancionaron el Decreto 4161 que buscaba “eliminar el mal” peronista de raíz.

Su Artículo 1° prohibía expresamente "La utilización de imágenes, símbolos, signos, expresiones significativas, doctrinas, artículos y obras artísticas, (...) que sean (...)representativas del peronismo", e incluía una lista de vocablos proscritos, tales como "peronismo", "peronista", " justicialismo", "justicialista", "tercera posición", la Marcha peronista y los discursos del presidente Juan Domingo Perón y de Eva Perón, así como "el nombre propio del presidente depuesto", "o el de sus parientes". 

O sea: lo que no se puede nombrar no existe.  La pena por infringir este artículo iba desde los 30 días a los 6 años de prisión más multas, inhabilitaciones, clausuras, etc. Es decir que si estabas esperando el colectivo en una esquina y silbabas inocentemente la Marcha Peronista podías quedar expuesto o expuesta a prisión.

Así los diarios comenzaron a referirse a Perón como “el tirano prófugo”, “el dictador depuesto”, entre otros eufemismos. El decreto 4161 llevaba la firma de Pedro Aramburu, Isaac Rojas, Álvaro Alsogaray, Eduardo Busso y Luis B. Cerruti Costa, entre otros funcionarios gubernamentales. 

Para demostrar que no les temblaba el pulso, los “libertadores” fusilaron a un gran grupo de militares y civiles que habían intentado derrocarlos para devolverle al pueblo su soberanía.

Esto ocurrió en junio de 1956 y contó con el apoyo activo o por omisión la mayor parte de los partidos políticos tradicionales: es muy recordada la frase del socialista Américo Ghioldi quien, ante la barbarie fusiladora, declaró “se acabó la leche de la clemencia”.

Por otra parte la dictadura ya desde noviembre del ’55 había formado una “Junta Consultiva” presidida por el Almirante Rojas e integrada por: Unión Cívica Radical, Partido Socialista, Partido Demócrata Nacional, Partido Demócrata Progresista, Partido Demócrata Cristiano y Unión Federal, a quienes reunía de vez en cuando para llegar a “consensos”.

Cualquier semejanza con el actual “Frente de frentes” que pretende gobernar Santa Fe… ¿es pura coincidencia? Sólo quedaron afuera de la JC el Partido Comunista (tiempos de plena guerra fría y macartismo) y el innombrable y mayoritario peronismo.

Cuando se convocó a elecciones en 1958 Perón, que había establecido un pacto con el candidato Radical Intransigente Arturo Frondizi y su “cerebro” Rogelio Frigerio, bajó la orden de votarlos. Ganó Frondizi ampliamente, aunque los sectores más duros de la resistencia peronista votaron en blanco.

Frondizi traicionó los acuerdos, no tardó en poner la economía en manos de Alvaro Alsogaray, decretó el Plan Conintes para poblar nuevamente las cárceles de luchadores mayormente peronistas y, tras sucesivos enfrentamientos entre sectores de las FFAA para dirimir quién era más gorila, fue derrocado. 

Las elecciones posteriores, en 1963, se desarrollaron nuevamente con el peronismo proscripto y allí “ganó” el Radical del Pueblo Arturo Illia con menos del 25% de los votos. La masa peronista optó mayoritariamente por el voto en blanco. Si bien el gobierno de Illia, tras largos cabildeos, derogó el decreto 4161, también impidió el primer intento de retorno de Perón a su patria. El avión que lo transportaba fue detenido en Río de Janeiro.

A todo esto, habían crecido en el interior del peronismo sectores conciliadores con el régimen: cuando en 1966 Illia es derrocado por otro golpe militar autodenominado “Revolución Argentina” (nótese la grandilocuencia de los militares golpistas para referirse a sus propósitos) a la mesa del presidente –General Onganía- se sumaron unos cuantos sindicalistas peronistas que mantuvieron su “apoyo expectante “hasta que fueron barridos junto con Onganía por los levantamientos populares de 1969 en Córdoba, Rosario, Corrientes, entre otros y la aparición de las organizaciones armadas revolucionarias.

La historia desde allí es conocida: el presidente –General Lanusse- convoca a elecciones para 1973, Perón no acepta sus condicionamientos que equivalen a una suerte de proscripción y designa como candidato a su delegado personal Héctor Cámpora quien, el 11 de marzo de 1973 es electo con el 49, 5% de los votos.  Luego Perón, ya de vuelta en su patria, es electo ese mismo año con un histórico 62%.

La dictadura instaurada en 1976 encarcela, asesina, tortura y “desaparece” a decenas de miles de militantes populares mayormente peronistas. Buena parte de la dirigencia sindical y del PJ también es encarcelada y acusada de delitos de corrupción (otra constante desde el ’55 hasta hoy).

Y ahora, tras 12 años de gobierno de Néstor y Cristina Kirchner que, retomando las tres banderas históricas del peronismo, enfrentan a varios factores del “poder real”, gobernando en beneficio de las mayorías populares y otorgando nuevos derechos, se busca proscribir a Cristina, candidata natural del peronismo transformador.

Es tiempo de decir No a la proscripción, trabajar para que no regrese la derecha neoliberal recargada, llámese Bullrich, Larreta, Morales o Macri. Por más que algunos peronistas herederos de la infame década de los ’90 busquen un peronismo descafeinado, que no moleste a los dueños de casi todo. 

*Daniel Rafalovich coordina el sitio Metapoesía y es columnista de HoraCero