Por Ricardo Serruya*

En marzo del año 2003, el Consejo Superior de la UNL aprobó la Resolución Nº 32 donde crea el Programa Padrinos. Desde ese momento resulta legal que empresas aporten sumas de dineros a la Alta casa de Estudios para “ayudar” a la gestión educativa universitaria.

No es la UNL la única universidad del país que posee este mecanismo de colaboración privada, otras universidades también lo tienen.

Empresas santafesinas, bancos y constructoras, entre otras, se fueron sumando a este padrinazgo que hoy posee la UNL.

A muchos nos hizo “ruido” y sospechamos sobre cuánto puede incidir estos aportes sobre la imparcialidad de una institución que tiene, entre sus objetivos, plantear investigaciones que incidan en la vida de los habitantes.

Para ser más claro: una curtiembre santafesina es sospechada de contaminar y enfermar –a partir de sus procesos industriales- a quienes son habitantes de una localidad. A su vez, esa empresa es padrino de la UNL ¿Pueden los científicos de esta casa de estudios plantear investigaciones cuya hipótesis sea que estos procedimientos industriales afectan el ambiente o la población, enferman a los territorios y a las personas que en él habitan?

La respuesta puede ser afirmativa y de hecho algunos trabajos realizados por investigadores que se desempeñan en la UNL trataron esta temática u otra que roza intereses de padrinos. Pero también vale aclarar que la difusión que la Universidad, a través de sus órganos comunicacionales, hizo sobre estos trabajos ha dejado mucho que desear y deja la duda sobre cuánto influye el dinero aportado en hacer público estos trabajos.

Por otra parte, en la intimidad algunos científicos suelen expresar la ausencia total de interés o aporte económico recibido a la hora de centrar sus hipótesis en temas que, se sospecha, resultan molestos o tocan intereses económicos, algunos de los cuales forman parte del accionar de las “empresas-padrinos”.

El hecho no resulta ilegal, aunque podría decirse que es ilegítimo, pues limita, condiciona o censura el desarrollo de investigaciones o su difusión.

Una nueva dinámica de aportes económicos empaña los objetivos científicos que debiera tener la universidad pública.

TRIGO HB4

En octubre del año 2020 y luego de años de investigación, el equipo de investigadores de la UNL que dirige la Dra Raquel Chan dio a conocer un trigo resistente a la sequía bautizado bajo el nombre de Trigo HB4.

Todo el proceso investigativo se llevó a cabo bajo un convenio de cooperación con la firma Bioceres que se queda con la patente de la investigación.

Bioceres cotiza en la Bolsa de Nueva York y cuenta entre sus accionistas a Gustavo Grobocopatel y Hugo Sigman, ambos empresarios fomentan las producciones a través de organismos genéticamente modificados (OGM). 

El eje de lo concretado es un trigo resistente a la sequía pero también al glifosinato de amonio, un herbicida que Andrés Carrrasco, hace años anunció como mucho más dañino y tóxico que el glifosato.

Si bien varios sectores –entre los que se incluye este periodista- siempre alertaron que los convenios de empresas con las universidades dejan ganancias a los privados y nada, o migajas a la educación pública, no parece ser este el caso.

La plataforma web https://servicios.unl.edu.ar/  es el lugar oficial donde se publican todos los trámites que se llevan a cabo en la Universidad Nacional del Litoral. Entrando a este sitio, una de las ventanas que se encuentran a la izquierda de la pantalla es el de Mesa de Entradas, donde –entre tantísimos pedidos ingresados- puede encontrar uno que relaciona a Bioceres, la Universidad y el Trigo HB4

Poner captura de pantalla de:  https://servicios.unl.edu.ar/expedientes/buscar/1/

Como puede verse se trata de  un expediente que  tiene variados movimientos y que comenzó a gestionarse el 4 de marzo de 2004 cuando se eleva un acuerdo entre la Universidad y la empresa para la optimización de un sistema de obtención de planta resistente a la sequía. Luego de 37 movimientos, la última información está fechada el 3 de abril donde se describe el contrato de propiedad intelectual con Bioceres.

En algunos movimientos previos, puede encontrarse el fechado el día 30 de marzo de este año donde, puede leerse: “Solicita el ingreso en concepto de Regalías por la suma de $5.000.927,70 y su distribución según detalle adjunto”.

De la información surge que la Universidad recibirá, en concepto de regalías algo más de 5 millones de pesos por parte de la Empresa Bioceres y si bien esto puede llegar a ser positivo ya que vuelve a la universidad algo del dinero con que esta misma casa de estudios financió durante años la investigación, no deja de generar cierta sospecha cuáles son los objetivos que la educación pública superior se plantea a la hora de concretar ciertas investigaciones.

Que la Universidad reciba aportes dinerarios de una empresa privada que va a obtener suculentas ganancias del trabajo concretado por una trabajadora de la ciencia que pertenece a la educación superior puede ser justo, pero vuelve a poner el ojo y la duda en las motivaciones que lleva a los que dirigen la educación y la investigación universitaria para decidir cuáles temáticas se investigan y cuáles se desechan, qué es lo que se difunde o se prioriza y fundamentalmente vuelve a poner en discusión la objetividad o neutralidad  de la ciencia –de la cual este periodista descree pero que algunos defienden tenazmente- a la hora de ejercer sus conclusiones.

¿Cuáles deben ser las motivaciones que lleven a los científicos de universidades públicas a concretar investigaciones? ¿Qué relación debieran tener las universidades con el campo privado a la hora de concretar acuerdos? ¿No debieran los trabajos investigativos  llevados a cabo tener un anclaje concreto con el bienestar de la población? ¿Cuáles son los parámetros, a la hora de evaluar los temas a investigar?, ¿que debiera discutir, analizar y concretar las universidades públicas?

Son seguramente algunas preguntas que la Universidad en particular y la sociedad en general debiéramos plantearnos.

*Ricardo Serruya, periodista especializado en temas ambientales.

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