Lo más importante que sucedió esta semana en materia de juicios por delitos de lesa humanidad, es que el Tribunal Oral Federal número 2 de Córdoba condenó al “Nabo” Barreiro y a otros dos integrantes retirados del Destacamento de Inteligencia 141 del Ejército por el secuestro y las torturas aplicadas a tres hombres, la muerte de uno de ellos, Rubén “Pocho” Palazzesi. Las víctimas fueron de la patota que comandó el centro clandestino cordobés La Perla que mantuvo en cautiverio en la Quinta de Guiñazú, un predio que usurpó a fuerza de secuestros, golpes y amenazas.

Barreiro y sus secuaces Carlos Villanueva y Carlos Díaz recibieron condenas a 24 años de prisión que fueron unificadas en prisiones perpetuas con penas que purgan en la actualidad de juicios anteriores. Tienen entre 75 y 80 años y gozan de arresto domiciliario. Así seguirán.

Hubo además otros dos veredictos en Santa Fe. En uno, el Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó a 7 años de prisión a Julio Adelaido Ramos por el secuestro y los tormentos sufridos en 1977 por Luis Felipe Solé, un joven estudiante de Ingeniería Química y militante peronista. Al momento de los hechos, Ramos fue Personal Civil de Inteligencia del Ejército en dictadura y llegó a ser diputado en democracia.

Días antes el ex integrante del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército Héctor Fructuoso Funes fue condenado a 4 años de prisión en suspenso. En un juicio abreviado se reconoció responsable del robo de gran cantidad de información y documentación vinculada con el terrorismo de Estado de los Tribunales Federales en 1984.

Leandro Busatto pide la expulsión de Ramos

El jefe del Bloque Justicialista de la Cámara de Diputados y Diputadas de Santa Fe, Leandro Busatto, solicitó formalmente al Partido Justicialista la expulsión de Julio Adelaido Ramos, recientemente condenado por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar.

Ramos fue diputado provincial (1987/91) y concejal de la localidad de Vera (2005/09), y fue condenado la semana pasada por los delitos de "privación ilegítima de la libertad agravada por haberse cometido mediante la utilización de violencias y amenazas, y tormentos agravados por haberse cometido contra perseguidos políticos".

Según el alegato del fiscal, "no existen dudas de que Ramos fue formalmente Personal Civil de Inteligencia entre 1976 y 1977", años en los que utilizó su militancia en el peronismo para delatar a compañeros y compañeras de su propio espacio.

Ramos participó del secuestro y las torturas que sufrió Luis Felipe Solé, un joven estudiante de Ingeniería Química que militaba en el peronismo. Solé fue secuestrado y llevado a la cárcel de Coronda. En marzo de 1977 fue llevado a una casa quinta, donde reconoció entre sus torturadores a Ramos, alias “Tipi”. En los interrogatorios le preguntaban por su hermano, Alberto, quien fue secuestrado meses más tarde y continúa desaparecido.

"Esto es una pequeña reparación histórica que apunta a fortalecer el camino que se inició en 2003, con la derogación de las leyes de impunidad", expresó Busatto.

El tema podría tratarse el próximo sábado 22 de abril, en el Congreso Provincial del PJ.

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