El pasado 13 de abril se aprobó en el Senado la Ley de Lengua de Señas Argentina (LSA), que reconoce la LSA como lengua natural y originaria, que forma parte de la identidad lingüística y la herencia cultural de las personas sordas.

Esta ley surge por iniciativa de organizaciones sociales de personas sordas, encabezadas por la entidad que las representa a nivel nacional, la Confederación Argentina de Sordos (CAS), y forma parte de una larga campaña, que ya tiene 16 años de antigüedad. Asimismo, es una ley que cuenta con el aporte de investigaciones del Conicet y la UBA en el área de la lingüística.

Para entender la importancia de esta ley, es necesario detenerse en dos cuestiones: primero, en la misma definición de LSA; segundo, en el acceso y uso de esta lengua.

Primero, es necesario aclarar que existen muchas lenguas de señas en el mundo -al igual que existen muchas lenguas orales, como el español o el inglés -; cada una con su propia historia y estructura gramatical.

En nuestro territorio, las personas sordas han desarrollado una lengua de señas, que se denomina Lengua de Señas Argentina (LSA). En su historia, la LSA ha sido una lengua utilizada en la clandestinidad, en tanto ­las personas sordas eran -y, todavía son- castigadas física y psicológicamente por señar. Esto ocurre porque la mirada predominante respecto de las personas sordas ha sido una mirada médica rehabilitatoria que rechaza el uso de la lengua de señas y que solo admite el uso de la lengua oral mayoritaria.

Abecedario en LSA. Imagen de la Confederación Argentina de Sordos

A la luz de estos hechos, el reconocimiento legal de la LSA constituye una reparación simbólica a una historia de opresión que han sufrido las personas sordas en la Argentina. Esta lengua existe hoy en día porque las personas sordas resistieron años de estigmatización, de patologización y de castigos por señar. Lo hicieron con un gran costo emocional, psicológico y físico. Y, si bien hoy en día hay mayor aceptación social, aún queda un largo camino por recorrer. Por eso, es de fundamental importancia que se reconozca esta lengua como parte de la identidad lingüística y de la herencia cultural de las personas sordas en nuestro país.

Segundo, el acceso temprano y el uso de la LSA no está garantizado y esto provoca graves vulneraciones de derechos humanos. Por ejemplo, todavía hay profesionales de la salud que prohíben el uso de la LSA a las personas sordas. Esto es particularmente perjudicial para las infancias sordas porque, a diferencia de otras comunidades -en las que las nuevas generaciones aprenden la lengua de la comunidad en el seno familiar- , la mayor parte el 95% de las personas sordas nace en familias oyentes que no utilizan la LSA y que no suelen recibir información adecuada respecto de esta lengua. Por ende, las niñeces sordas suelen atravesar sus primeros años de vida sin una lengua perceptualmente accesible, lo cual lleva a graves situaciones de privación lingüística.

Tal como planteó la Secretaria de la CAS, Julia Valmarrosa, el día de la presentación de la ley en Diputados: "En el ámbito médico continúa habiendo creencias infundadas, como sostener que la lengua de señas perjudica la adquisición de una lengua oral. Yo misma pasé por esa situación. Cuando tenía solo cuatro meses, profesionales de la salud le dijeron esto mismo a mi familia. El problema es que no hay ninguna evidencia, ninguna investigación de que esto sea así. (...) El problema no es la sordera, sino la privación lingüística. Se continúa privando a la persona sorda de adquirir su lengua, su cultura y su identidad".

Esta ley representa un hito histórico para la comunidad sorda argentina. Gracias a esta ley, hoy la LSA es reconocida oficialmente como parte de la diversidad lingüística y cultural del país. Es una ley reparadora, que ve a las personas sordas desde una mirada social. Hoy las personas sordas -y también su entorno familiar, escolar, laboral- podrán acceder a la LSA y participar de la vida cotidiana, en tanto esta lengua constituye un elemento básico de sus derechos humanos.

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Nota de Télam. Por Rocío Martínez, investigadora del CONICET y del Instituto de Lingüística de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

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