El avance de las derechas en Argentina no han logrado, todavía, que el concepto de Memoria, Verdad y Justicia pierda valor. La búsqueda de esos tres paradigmas de la democracia recuperada en 1983 continúan a través de los juicios por delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar y esta semana marcan un nuevo listón, en este caso sobre la complicidad civil para con el Terrorismo de Estado que nubló al país entre 1976 y 1983.

El director general y jefe de personal de Molinos Río de La Plata durante la dictadura militar Emilio Parodi fue detenido tras una orden dictada por el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, en una causa que investiga la responsabilidad del directorio de la empresa en secuestros, torturas y desapariciones de sus trabajadores.

Kreplak, titular del Juzgado Federal 3 de La Plata, ordenó el lunes la detención de Parodi, quien fue aprehendido durante un allanamiento realizado en su casa ubicada en la ciudad bonaerense de Olivos.

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El magistrado indagó a Parodi por la responsabilidad que habría tenido el exjefe de personal de Molinos por la privación ilegítima de trabajadores, algunos de ellos desaparecidos.

En la causa, iniciada en 2013 por la denuncia de hijos de obreros desaparecidos en la planta de Avellaneda, se investiga la complicidad de propietarios, directivos, administradores y gerentes de Molinos -empresa que pertenece al conglomerado Bunge & Born- en el secuestro, privación ilegítima de la libertad, tortura y desaparición de trabajadores, hechos que se sucedieron entre los años 1976, sobre todo el 6 y 7 de julio, hasta 1978.

"Es un primer avance sustantivo donde se está involucrando al grupo Bunge & Born en términos de responsabilidad civil con la última dictadura militar", valoró la coordinadora de la Clínica Legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y abogada de la causa, Lucía de la Vega.

La abogada explicó a Télam que Parodi está implicado en "el armado de listas" señalando a trabajadores para su secuestro y la entrega de "domicilios donde iban a buscar" a las víctimas, que no coincidían con los declarados en los documentos de identidad.

En una inspección ocular realizada en octubre de 2022 en la sede de la firma de alimentos en Avellaneda, De la Vega contó que testigos pudieron relatar "cómo Parodi tenía control de todo lo que sucedía en la planta vinculado al personal".

"Una de las cuestiones que se marcaron es que la mayoría de los desaparecidos pertenecían a una lista opositora en el gremio de los Aceiteros: la Lista Blanca", indicó la abogada.

El Cels se incorporó a la causa como querella institucional en 2014 y en el 2019 junto a la querella de Analía Fernández, hija de Francisco Fernández -un extrabajador de la fábrica que se encuentra desaparecido- realizaron el primer llamado a indagatoria.

"En 2019 pedimos la indagatoria de Parodi y de varios jefes. Fue bastante amplio", recordó de la Vega, que advirtió que muchos de los "posibles imputados están muertos" pero que "más adelante" Kreplak podría hacer más pedidos de indagatoria.

 Télam / HORACERO