Sin pretender ignorar cuestiones que hacen a la provincia en boca de todos y todas (como por ejemplo que sea la provincia con los salarios más bajos, al menos hasta hace poco), pero que cuya visibilidad se debe a su proceso de desobediencia y resistencia a una reforma constitucional que ataca los derechos a la protesta, como lo estipuló la mismísima ONU (organismo caracterizado por no ser de izquierda).

Resistencia que encuentra en las calles a los pueblos originarios como principales protagonistas desde hace semanas, a los que se unieron gremios docentes, mineros y hasta médicos. Si bien la resistencia a la reforma tiene como trasfondo a las relaciones que se establecieron en la provincia a partir de la extracción y exportación del litio, el panorama abierto reúne varios protagonistas en la provincia.

La reforma de Morales intenta prohibir el derecho a la protesta callejera estipulado en el art. 67, denominado "El derecho a la paz social y la convivencia democrática pacífica”, en una provincia donde crece la conflictividad social, además de habilitar el desalojo de aquellas comunidades originarias que no cuenten con títulos de propiedad (art. 36, que ya no figura en la Constitución provincial). Ambos son puntos para nada menores que claramente se reclaman desde los sectores mineros, especialmente aquellos sectores ligados al extractivismo del litio.

Tal como advertí hace apenas semanas con la nota de La promesa fantasma de la transición energética; las consecuencias sociales del litio pueden ser devastadoras. Lo que nadie pudo prever es que la escalada represiva llegaría tan lejos, al punto de llamar la atención internacional: a la ya mencionada ONU, le antecedieron las advertencias de organismos internacionales de derechos humanos como Human Right Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Greta Thunberg envió un abrazo al pueblo jujeño ante la embestida represiva que, en palabras de la activista, “están siendo masacrados para avanzar con la extracción del litio”.

Las advertencias y los llamados internacionales a Morales no son casualidad: las camionetas blancas —que los medios demostraron que pertenecían a cierta empresa de la construcción— secuestrando personas sin distinguir entre manifestantes y transeúntes que no se encontraban protestando; uniformados entrando en casas sin orden judicial; muchachos saliendo de la comisaría sin poder caminar debido a las torturas; al menos dos jóvenes con pérdida de ojo (según La izquierda diario, al cierre de esta nota ya serían cuatro) por recibir disparo de bala de goma a corta distancia; y un manifestante que se encuentra en terapia intensiva tras recibir un impacto de gas lacrimógeno a corta distancia.

Todas estas violencias, junto a la pretensión de prohibir la protesta social, dan cuenta del afianzamiento de un régimen autoritario con el objetivo de garantizar el extractivismo y los negociados donde participan empresas y políticos. 

Ya no bastará, a partir de ahora, hablar de consenso fósil o consenso commoditie (como sostiene Svampa en su libro El antropoceno); conceptos cuyo propósito es el de señalar el consenso (o sea la falta de grieta) en cuestiones de territorio, en especial del extractivismo de ciertos bienes que contienen esos territorios por parte de la política: donde se pelean por todo, pero acuerdan en un igual tratamiento de los bienes comunes y la naturaleza como mercancía. Pues hoy queda claro que el extractivismo es un régimen y, como tal, no le basta reproducirse en la numerosa propaganda promovida desde el sector minero, con el objetivo de naturalizar el destino de la exploración, extracción y exportación de los bienes comunes (o “recursos”). Sino que ahora se afirman, de ser necesario, mediante el uso de la violencia estatal, la represión, las balas.

Otra prueba de ello: en 2022 el Congreso desestimó tratar la ley de Humedales por tercer año consecutivo, a pesar de los incendios en el Delta que ocuparon la agenda pública —tal vez porque esta vez el humo llegó a la capital del país—. Una razón, señalada desde los movimientos ambientalistas, es que la cámara minera ejercería presión sobre la política para que no saliera la ley de humedales: pues las salinas se consideran humedales debido a que contienen agua subterránea, cercana a su superficie. Todo régimen necesita de leyes a favor (o la eliminación de las que estén en contra) antes de naturalizar el uso de las armas. Aprobar la ley de humedales hubiera supuesto ir contra el negocio de algunos, cuyo garante es lo que llamo el régimen extractivista.

Asistimos así a la cesión de potestad del Estado a empresas multinacionales y de otro tipo en la toma de decisiones. Algo parecido al sueño libertario de derecha donde todo el poder de decisión depende de las empresas y el Estado se dedica a la “seguridad”, esto es; a la represión de cualquier protesta social.

Me corrijo: mejor que el sueño de los libertarios de derecha, es el proyecto político de quien va a los canales de televisión y se vanagloria de haber encarcelado a Milagros Salas, dirigenta social perteneciente a los pueblos originarios, violando así toda independencia del poder judicial (algo que no llama la atención de ningún republicano de las filas opositoras) y haber prohibido los piquetes (lo segundo todavía sin éxito). Esto no hace más que afianzar una derecha dura de la que Morales se colocaría como su líder, incluso ganándole la carrera hacia el odio, el racismo y el militarismo a los libertarios de derecha: el gobernador no tardaría en aparecer junto a Larreta como candidato a vicepresidente, utilizando su “éxito” político para crecer como figura pública prometedora del orden social y el disciplinamiento por la fuerza.

Aunque el éxito de la empresa política personalista de Morales sea todavía objeto de discusión, sí queda claro que el consenso extractivista se acentúa, desarrollándose como régimen donde los poderosos mandan y el pueblo recibe las balas. 

Desde luego, un régimen no se sostiene únicamente mediante la fuerza. Necesita de acciones sostenidas en el tiempo, de actores que den por sentado su naturalización: como aquellas estrategias comunicacionales convocadas a ridiculizar ecologistas, buscar aislar a los pueblos originarios (como por ejemplo considerar no-argentinos a ciertas comunidades, tal como estipuló la legislatura mendocina respecto de los Mapuches), como también negar que existan otras posibilidades de desarrollo más amigables con la naturaleza.

Dado el escenario, nos toca a lxs activistas, intelectuales, artistas, periodistas y comunicadorxs populares indagar en aquellas otras formas de producción y de desarrollo que podrían denominarse como soluciones ecológicas, que visibilicen y promuevan opciones por fuera de las falsas soluciones (el litio es una de estas últimas). Soluciones a la transición energética que den fuentes de trabajo, sí, pero en mayor armonía con la naturaleza... y que, sobre todo, no supongan la expulsión o violencia contra las comunidades. 

Es cierto que existen otros problemas además del régimen que supone la extracción del “oro blanco”: como el que los salarios no alcanzan en ninguna parte del país (algo que la dependencia fósil acentúa con la suba de alimentos que caracteriza una economía con matriz energética petrolífera). Menos alcanza en la provincia de la bota, donde algunos docentes cobraban $38.000 de básico hasta hacía poco tiempo. Y la represión genera oposición más allá del movimiento ambientalista y de los pueblos originarios, como sindicatos y organismos de derechos humanos. Pero la cuestión de fondo es una: Jujuy sangra por culpa del litio.

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*Mikhaíl Vera es poeta y ensayista, sus estudios hacen foco en los activismos LGBTQ+ y la comunicación ecologista. Edita en Ed. MEFAME.