La exposición de Lucila Puyol en el Congreso

Sociedad 20 de mayo de 2018 Por
El pasado jueves, la abogada Lucila Puyol, integrante de H.I.J.O.S., del Movimiento de Mujeres, lesbianas, travestis y trans de Santa Fe y del Movimiento de Derechos Humanos, expuso en la Audiencia Pública del Congreso sobre el debate que se está realizando por la despenalización y legalización del aborto en nuestro país.
LUCILA
Lucila Puyol, feminista e integrante de H.I.J.O.S. Santa Fe expuso en el Congreso

Por Lucila Puyol

Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos.

Quiero hacer un reconocimiento a mis compañeras de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito que impulsó este debate histórico. A la Mesa “Ni Una Menos de Santa Fe” y a todas las socorristas por su acompañamiento cotidiano a las mujeres, especialmente a las “AnaMaría, socorristas por el derecho a decidir”.

Integro la Agrupación H.I.J.O.S., soy hija de un desaparecido y una ex presa política, y junto a mis compañeras de agrupación, formamos parte del Movimiento de Mujeres, lesbianas, travestis y trans de Santa Fe y del Movimiento de Derechos Humanos, porque como lo decimos cada 24 de marzo, la última dictadura fue cívico, militar, eclesiástica y también fue machista, misógina y patriarcal.

Nos sentimos herederas de las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo, las que nos enseñaron este camino de lucha.

Como militantes en derechos humanos y género, decimos que: despenalizar y legalizar el aborto es una cuestión de Derechos Humanos.

El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo está fundado en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Y Argentina, como país signatario de Pactos y Convenciones de DDHH y sus protocolos facultativos, está obligada a garantizarlos.

Así el Comité de DDHH, observa con preocupación “las leyes estrictas sobre el aborto que llevan a la práctica de un elevado número de abortos clandestinos…” (Observaciones finales  1999).

Las recomendaciones del Comité de Expertas del MESECVI (Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belem Do Pará) -2015-, “ha sostenido que el obligar a una mujer a continuar con su embarazo, …constituye una forma de violencia institucional, y puede constituir una forma de tortura, …”.

El mismo Comité en 2016, en el “Informe …sobre violencia sexual y embarazo infantil” dijo que entiende que “el mantenimiento forzado de embarazos de niñas de menos de 14 años constituye, en cualquier caso, un acto de violencia…”.

Así también la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), señala que la penalización vulnera los derechos a la no discriminación y a la igualdad.

Como vemos entonces, el Derecho Internacional de los DDHH nos indica que debemos despenalizar el aborto. Es curioso entonces, ver cómo los grupos que se oponen a la despenalización y legalización, nombran a las convenciones de derechos humanos como fundamento de su postura.

Pero no pueden traernos aquí ningún informe de ningún Comité, porque no hay quien avale su planteo fundamentalista. Ni siquiera la Convención de los Derechos del Niño a la que tanto recurren, como ya se ha dicho acá –sobre lo que no voy a redundar-.

El 9 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una audiencia pública sobre los derechos sexuales y reproductivos en el país con representantes del Estado y de organizaciones de derechos humanos.

“Los estándares son claros: las mujeres tienen el derecho y la autonomía de decidir sobre sus cuerpos y el Estado tiene que asegurar esos derechos a las mujeres, y en particular a las niñas y a las personas jóvenes”, dijo la presidenta de la Comisión.

Claramente, este Congreso debe despenalizar el aborto porque la penalización es incompatible con la CN y con los tratados internacionales y por el principio de progresividad y no regresividad de los derechos humanos, debe legalizar por el principio de igualdad ante la ley.

Así también lo reclamamos los organismos de derechos humanos, porque estamos a favor de la vida, la integridad física, la libertad y el derecho a decidir de las mujeres.

En cambio los antiderechos no están a favor de la vida de las mujeres, están a favor de sostener los privilegios de una sociedad patriarcal que oprime a las mujeres. Quieren verlas presas como escarmiento a la desobediencia.

En esos grupos antiderechos está Cecilia Pando, la vemos en sus marchas –lo que debería preocuparles- progenocida que declaró públicamente que estaba de acuerdo con todo lo que habían hecho los militares, incluso la apropiación de bebés.

Asimismo, en Santa Fe está Emilio Perizzotti, presidente de la organización Grávida, quien públicamente reivindica a su padre, el genocida condenado Juan Calixto Perizzotti. El mismo que ordenó hacerle un aborto forzado a la compañera Silvia Suppo que quedó embarazada por violaciones reiteradas durante su secuestro y torturas en mayo de 1977.

Esos son los antiderechos.

En este mes de mayo los obispos se han manifestado sobre este tema y no sostienen los argumentos que aquí se escuchan de parte de los opositores. En primer lugar dicen, porque “ningún texto del magisterio (de la Iglesia) afirma directamente que el embrión es persona” y dado también, que “la Iglesia reconoce que su tradición en este punto no es unánime...” Pese a lo cual, se sostiene, “esto nunca impidió que el aborto fuera considerado unánimemente un crimen, una falta grave, aunque la severidad de la pena pudiera variar según el período de la gestación, y nunca se lo equiparara completamente a un homicidio”.

Respecto de la condición humana que algunos le adjudican al embrión, -continúa la editorial de la revista católica Criterio- sustenta que “el carácter personal de esta nueva vida no es un tema científico sino filosófico” y “hoy por hoy es imposible llegar a un acuerdo extendido sobre el carácter de persona del embrión humano” razón por la cual “esto no debe bloquear el diálogo…”.

¿De qué están hablando entonces los opositores al derecho al aborto en este recinto?

Aún cuando hoy se cortara el debate: ya perdieron. Perdieron el debate en las calles, en los medios, en este Congreso, porque no son creíbles.

Y es que están en contra de todos los derechos; en contra de la Educación Sexual Integral, de la distribución gratuita de anticonceptivos, de la lisis tubaria y de la vasectomía. Y de los abortos no punibles que desde 1921 son ley.

Están en contra de que hablemos del derecho de personas con capacidad de gestar.

No les importan las mujeres violadas, ni enfermas, ni las que corren riesgo en su vida o en su salud.

Como no les importó Ana María Acevedo.

Ana María es un caso paradigmático para el Movimiento de Mujeres de Santa Fe: una joven de 20 años, mamá de 3 niños pequeños, enferma de cáncer y con un embarazo reciente. Tenía derecho a un aborto legal pero no tuvo acceso.

El Comité de Bioética del Hospital Iturraspe, que se reunió para evaluar su caso, casi 3 meses después que fuera detectado su cáncer, dijo:

“El tratamiento indicado para la patología que padece la paciente, está contraindicado si se está cursando embarazo, por tanto los médicos tratantes deciden dejar en suspenso la indicación de tratamiento”.

Y sigue: “¿En algún momento se pensó en un aborto terapéutico? Por convicciones, cuestiones religiosas, culturales, en este hospital (y en Santa Fe) no”.

Reitero: Por convicciones, cuestiones religiosas, culturales en este hospital y en Santa Fe, no.

¿Y las cuestiones médicas? ¿Y las jurídicas? ¿Y las éticas?

Esa fue su sentencia de muerte. Hoy se cumplen 11 años.

Lo hemos gritado muchas veces: A Ana María la mató la intolerancia, el autoritarismo y la falta de respeto por la vida ajena. La suma de todos los fundamentalismos que oprimen, castigan y matan a las mujeres.  

La despenalización y legalización del aborto es una cuestión de derechos humanos!

¡Ni un día más sin derechos!

¡Ana María Acevedo, Presente! Gracias.

Te puede interesar