Nuevas sentencias contra Bayer y daños del glifosato

El aumento exponencial del glifosato está directamente ligado a la siembra transgénica. Más de 90 por ciento del maíz transgénico (y soja) es tolerante a los agrotóxicos.

Opinión 31 de diciembre de 2023 Por Silvia Ribeiro*
MONSANTO
Foto: Nicolas Pousthomis / Subcoop

Por Silvia Ribeiro*

Bayer-Monsanto fue sentenciada nuevamente en noviembre y diciembre de 2023 en juzgados de Misuri y Filadelfia a pagar indemnizaciones millonarias a demandantes estadunidenses que han sufrido cáncer debido al uso del agrotóxico glifosato, un químico patentando por Monsanto en 1974. La sentencia en Misuri fue por más de mil 500 millones de dólares (). Más de 90 por ciento del maíz transgénico (y soja) en el mercado es tolerante a agrotóxicos, la mayoría a glifosato. El aumento exponencial del uso de este agrotóxico está directamente ligado a la siembra de transgénicos.

Desde que Bayer compró la gigante de venenos y transgénicos Monsanto en 2018, le han levantado más de 165 mil juicios en Estados Unidos por daños provocados por glifosato a la salud de los demandantes o sus familiares. Luego de perder los primeros tres casos emblemáticos en 2018 y 2019 por más de 2 mil 500 millones de dólares (posteriormente logró reducir esa suma en apelaciones, pero las sentencias fueron reafirmadas) la trasnacional decidió entrar en acuerdos fuera de juicio con aproximadamente 100 mil demandantes, por una cifra mayor a 10 mil millones de dólares. Decenas de miles de casos siguen pendientes. En 2020 Bayer había reservado 16 mil millones de dólares para cubrir demandas, cifra baja a la luz de las nuevas sentencias.

Un punto clave es que las sentencias fueron condenatorias porque los jueces comprobaron con cientos de documentos presentados por abogados (y dados a conocer públicamente por uno de los jueces) que Monsanto sabía desde hace décadas que el glifosato causaba daños graves, incluso potencialmente cáncer, pero lo ocultó, además de presionar y/o corromper a científicos y agencias regulatorias en ese país (y en otros, como se mostró separadamente) para que ignoraran esos datos y presentaron datos de supuesta inocuidad o toxicidad «leve» (https://usrtk.org/monsanto-papers/).

Adicionalmente, en 2023 Bayer-Monsanto fue sentenciada a pagar 6.9 millones de dólares en multas al estado de Nueva York por publicidad engañosa. Según la Fiscalía General de ese estado, Bayer y Monsanto «afirmaron repetidamente en anuncios que los productos de la marca Roundup, que contienen el ingrediente activo glifosato, eran seguros y no tóxicos, sin aportar pruebas suficientes» (http://tinyurl.com/znn4akx9).

Paralelamente, organizaciones agrícolas de Estados Unidos, representadas por el Center for Food Safety, (CFS) iniciaron una demanda este 13 de diciembre 2023, reclamando a la EPA (Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos) que reconozca que el registro del glifosato no está vigente, que cancele dicho registro y proceda a prohibir este agrotóxico por sus altos riesgos (http://tinyurl.com/3kxmt94v).

Es una acción legal significativa, no solamente en sí misma, por ser en defensa de la salud y el ambiente, también porque la demanda que lleva Estados Unidos contra México para obligar a que no pueda restringir el uso y consumo de maíz transgénico y glifosato –según lo indica un decreto gubernamental de 2023– está parcialmente basada en que la EPA afirma que el uso del glifosato no conlleva «riesgos preocupantes a la salud cuando el glifosato se utiliza de acuerdo al etiquetado actual».

La revisión del registro del glifosato en la EPA debe ser realizada cada 15 años. Después de la declaración de la Organización Mundial de la Salud en 2015 de que el glifosato es un probable cancerígeno, la EPA afirmó que esta sustancia, en «medidas relevantes para la salud humana», no lo era. No obstante, convocó un panel de expertos y un proceso de revisión, pero se mantuvo en su conclusión inicial, pese a que en 2019 otras instancias oficiales y autorizadas, como el Registro de Sustancias Tóxicas y Enfermedades de Estados Unidos (ATSDR, por sus siglas en inglés) hizo una evaluación y concluyó que sí existe riesgo de cáncer asociado al glifosato, especialmente a linfoma no-Hodgkins y mieloma múltiple. No obstante, la EPA procedió a publicar en 2020 una "decisión provisoria de revisión de registro" del glifosato, sosteniendo que no era probable cancerígeno.

La petición presentada por organizaciones y el CFS este diciembre es seguimiento de demandas anteriores, que mostraron que la EPA en todo estos procesos ha estado dividida en opiniones, pero que la decisión final para el registro intencionalmente ignoró los aspectos críticos de otras instancias, de varios de los científicos convocados por ella, e incluso de sus propios documentos al respecto. Por todo ello, en junio de 2022, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito rechazó la decisión provisional de la EPA; que debió retirarla en septiembre 2022 e iniciar una nueva revisión de registro. Esto quiere decir en los hechos, que el glifosato está siendo vendido en Estados Unidos sin contar con un registro válido ni "basado en la ciencia", como paradójicamente exige el gobierno de ese país a México en la demanda en curso (http://tinyurl.com/3kxmt94v).

Desde la amplia revisión de estudios por científicos de 11 países que llevó al IARC de la OMS en 2015 a concluir que el glifosato es cancerígeno en animales y probable cancerígeno en humanos, se han publicado decenas de nuevos estudios cada año que confirman su peligrosidad, también como disruptor endócrino, neurológico, causante de depresión, destructor del microbioma y otros daños a la salud humana y animal (USRTK, diciembre 2023 http://tinyurl.com/2bmayz4n).

*Investigadora del Grupo ETC

La Jornada / HORACERO

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