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Cristina: "Podrán excavar la Patagonia que no van a encontrar nada para involucrarme"

La ex presidenta fue este martes a Comodoro Py por la causa que los medios denominan "La ruta del dinero K". Allí, presentó un escrito en el que apuntó contra el Gobierno y el Poder Judicial. Aseguró que la citación fue "pedido" del presidente Macri y afirmó "jamás me apoderé de dinero ilícito alguno".

Noticias 19 de septiembre de 2018 Redacción
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Cristina Fernández denunció persecución en su contra

Con una economía al "rojo vivo", el Gobierno presentando su presupuesto 2019 que incluye importantes recortes, negociando a "contra reloj" con el FMI un nuevo desembolso y el dólar por las nubes, algunos jueces parecen ser funcionales al oficialismo, para que los grandes medios pongan en segundo plano las noticias negativas y sigan "batiendo el parche" sobre la presunta corrupción del kirchnerismo.

Luego del procesamiento y orden de prisión preventiva en su contra por la causa de los cuadernos, la ex presidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner tuvo que volver a presentarse en los tribunales de Comodoro Py por el expediente denominado mediaicamente como "La ruta del dinero K" y presentó un escrito con críticas dirigidas al Poder Judicial y al gobierno de Mauricio Macri.

En el texto, Cristina remarcó que, pese a ser su octava citación, la de este martes "reúne características por demás particulares". "Se trata de una medida dispuesta directamente por los jueces de cámara Martín Irurzun y Mariano Llorens en la resolución dictada el día 31 de agosto del corriente año, haciendo lugar a un pedido expreso efectuado por el Poder Ejecutivo de la Nación". 

"(El juez Sebastian Casanello) tuvo que llamarme a indagatoria porque se lo ordenó la Cámara a pedido expreso de la UIF que, por decisión de Mauricio Macri, está a cargo de Mariano Federici, ex asesor del FMI. O sea: es una indagatoria a pedido. Más claro, echale agua", escribió en su cuenta de Twitter al compartir el escrito. 

Respecto de la causa, en la que se la acusa de ser "coautora" junto al empresario Lázaro Báez de una maniobra para poner en circulación en el mercado fondos de procedencia ilícita, Cristina aseguró que "no existe ningún elemento de prueba que me vincule a la misma".

"Jamás tuve cuentas bancarias no declaradas, ya sea sola, con Lázaro Báez o con cualquier otra persona. Todos los activos de nuestra familia están y seguirán estando en la República Argentina y siempre fueron incorporados a nuestras declaraciones juradas impositivas, así como también a las que presentamos en nuestro carácter de funcionarios públicos", afirmó en su defensa.

Por eso, disparó contra el Poder Judicial y el Gobierno con una frase desafiante. "Podrán seguir vigilando mis movimientos y los de mi familia, escuchar de manera clandestina mis conversaciones telefónicas o excavar toda la Patagonia argentina o donde mejor se les ocurra que nunca van a encontrar nada con lo que involucrarme porque jamás me apoderé de dinero ilícito alguno", afirmó. 

LOS EJES DEL PROCESAMIENTO DICTADO POR BONADÍO

En su resolución de 551 fojas, el magistrado explicó que no pudo "constatar" entregas de dinero "a manos" de la propia Cristina. Sin embargo, sostuvo que no es impedimento para considerarla culpable.

El fallo del juez federal Claudio Bonadío llamó la atención en algunos pasajes por las argumentaciones utilizadas para considerarla "jefa" de una asociación ilícita y para pedir su detención por la posibilidad de que entorpezca el proceso.

El magistrado realizó un repaso por varios de los testimonios de los ex funcionarios y empresarios procesados para luego concluir que, basándose en "la doctrina enunciada por Claus Roxin", el dinero entregado era destinado a la propia Cristina y a Néstor Kirchner, a pesar de no haber podido constatarlo.

Por otra parte, a la hora de justificar el pedido de prisión preventiva, Bonadío sostuvo que Cristina, "de continuar en libertad, podría entorpecer el accionar judicial, tanto en el descubrimiento de la verdad, en el recupero del producto del delito y en la posibilidad de que se cumpla una sentencia condenatoria"

Para defender esa postura, habló de la "posibilidad" de la actual senadora de "incidir en la investigación mediante sus contactos en medios de comunicación afines e, incluso, algunos de empresarios vinculados a la obra pública, pudiendo intentar por esta vía condicionar el desarrollo de esta investigación".

Otro de los puntos que llamó la atención fue la falta de precisión a la hora de describir el supuesto sistema de recaudación ilegal a través de la obra pública, los concesionarios viales y el transporte, al hablar de una "mecánica que funcionaba más o menos así".

NOTA: Claus Roxin es un penalista que escribió en 1962 “Autoría y dominio del hecho”, en donde la figura de la “autoría mediata por dominio de un aparato de poder”, citada en los argumentos del juez Bonadío,  en realidad se ha utilizado tanto en Alemania, Argentina, Perú o Colombia, como en la Corte Penal Internacional, para fundamentar la condena de dirigentes políticos de regímenes dictatoriales por delitos de lesa humanidad cometidos durante sus mandatos, una temática muy alejada del pensamiento de este magistrado.

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