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Sunchales: quedaron presos los policías acusados de torturar

Quedaron detenidos los ocho policías que fueron acusados de un hecho de violencia institucional. Los uniformados están involucrados en delitos por apremios ilegales contra dos jóvenes en la comisaría 3ra. de Sunchales, la cual fue intervenida por unos días.

Provincia 30 de octubre de 2019 Redacción HoraCero
FISCALES DE SUNCHALES
Las fiscales Gabriela Lema y Lorena Korakis

Las víctimas de las torturas son dos hermanos que estaban detenidos de manera ilegítima en la seccional 3ª de la ciudad santafesina de Sunchales, ubicada en el departamento de Castellanos. Luego de las imputaciones del sábado pasado, este lunes se realizó la audiencia de medida cautelar donde se resolvió la privación de la libertad a los uniformados.

Los ocho policías quedaron en prisión preventiva sin plazos en el marco de la investigación que encabezan las fiscales Gabriela Lema y Lorena Korakis por el delito de torturas. Así lo dispuso la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Cristina Fortunato, a raíz del pedido formulado por las funcionarias del Ministerio Público de la Acusación. Siete de los agentes están acusados de tortura y uno por el delito de encubrimiento agravado.

Todo empezó cuando hace unos días la policía realizó un allanamiento en el barrio 9 de Julio donde hubo un tiroteo. En ese operativo, la policía secuestró elementos que habían sido robados y detuvo a dos personas. Sus familiares denunciaron que fueron sometidos a apremios ilegales. Desde la comisaria dijeron que uno de los detenidos intentó suicidarse y se tiró por la ventana. Por las graves heridas que sufrió fue trasladado al hospital Amílcar Gorosito de Sunchales y después al Jaime Ferré de Rafaela.

La comisaría fue intervenida y durante algunos días la atención se realizó desde una casilla ubicada en la vereda. En esas circunstancias un grupo de vecinos se movilizó solicitando la reapertura de la misma, expresando su malestar con las fiscales que estaban actuando en el caso porque consideraban que "era un atropello a los policías" y ponía en riesgo la seguridad de la ciudadanía. 

En ese reclamo que hizo el grupo de vecinos estuvo presente el intendente de esa localidad, lo que generó inmediatamente un comunicado del Foro Contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe por la gravedad institucional que significaba la participación del mandatario municipal en una manifestación que solicitaba impunidad para los uniformados.

Entrevistado por LT9, Froilán Aguirre, miembro del Foro dijo: "Nosotros observamos con mucha preocupación los hechos acaecidos en Sunchales, reconociendo que la ciudadanía tiene todo el derecho a requerir seguridad y que el Estado tiene la obligación de brindársela con criterios republicanos y democráticos, no puede avasallar los derechos de ningún ciudadano cualquiera sea la razón por la que fuera detenido o investigado".

Aguirre también agregó, "El Estado tiene todas las herramientas para investigar, para procesar, para garantizar seguridad respetando derechos dentro una comunidad organizada y democrática. No se puede combatir el delito con más delito y tampoco se puede emplear a una policía que comete delito, no se la puede dejar impune. Obviamente no quiero prejuzgar, pero hay datos concretos de que estas dos personas detenidas por la policía han sido sometidas a tormentos, están heridas y uno de ellos, el joven de 26 años, con una herida gravísima en el cuello que le hizo correr peligro por su vida".

En el mismo sentido se pronunció la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados al expresarse ante los reclamos y presiones por la detención de los agentes. Al respecto, las legisladoras y los legisladores afirmaron que “no se puede justificar ni avalar de ninguna manera la tortura y la violencia por parte de los miembros de las fuerzas policiales por un hecho de inseguridad en el que puedan haber estado involucrados los heridos. Eso lo determinará finalmente la justicia”, respaldando a las fiscales del Ministerio Público de la Acusación para continúen con la investigación a fin de esclarecer las responsabilidades de lo acontecido. 

LOS HECHOS INVESTIGADOS

Las fiscales Lema y Korakis, informaron que “las víctimas fueron dos hermanos que estaban legítimamente privados de su libertad en la sede policial, a los que le impusieron tormentos físicos y sufrimientos psíquicos de gravedad”.

Las funcionarias del MPA sostuvieron que los detenidos "fueron llevadas a la cocina comedor de la dependencia policial, fueron obligados a arrodillarse –uno de ellos maniatado por la espalda con precintos y el otro esposado– y luego fueron golpeados en distintas partes del cuerpo”. 

Las funcionarias del MPA argumentaron que todos los imputados actuaron de común acuerdo, en forma conjunta y mediante el reparto de tareas. 

Según fue detallado en El Ciudadano, las fiscales subrayaron que "a uno de los detenidos le bajaron el pantalón y lo amenazaron con abusarlo sexualmente. Además, utilizaron un palo de madera para golpear a uno de los detenidos en distintas partes del cuerpo, hasta que cayó al piso y comenzó a toser". Detallaron también que "minutos más tarde, volvieron a propinarles golpes de puño y patadas a los detenidos".

Las fiscales subrayaron que “a uno de los detenidos le bajaron el pantalón y lo amenazaron con abusarlo sexualmente. Además, utilizaron un palo de madera para golpear a uno de los detenidos en distintas partes del cuerpo, hasta que cayó al piso y comenzó a toser”. Detallaron también que “minutos más tarde, volvieron a propinarles golpes de puño y patadas a los detenidos”.

“A uno de los detenidos también le colocaron una bolsa de nylon en la cabeza, mientras que al otro lo empujaron contra un ventanal de vidrio, el cual atravesó con las manos esposadas, lo que le provocó graves heridas en distintas partes del cuerpo”, precisaron.

“Aproximadamente 15 minutos después, el comisario imputado llegó al lugar. Tomó conocimiento de los tormentos infligidos a los dos detenidos, insultó a uno de ellos y con el fin de procurar la impunidad de los delitos cometidos e incumpliendo los deberes a su cargo, no comunicó debidamente a la autoridad competente lo sucedido” remarcaron las fiscales. “Además, ordenó al personal que limpiara el lugar y sacara los vidrios del ventanal roto. Sus subordinados realizaron lo indicado, razón por la cual, alteraron la escena del hecho e hicieron desaparecer los rastros del delito cometido”, concluyeron.

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Fuentes:  Foro Contra la Impunidad y por la Justicia - Lt9 - El Ciudadano - Radio Cultura / HoraCero

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