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Un Watergate en tiempos de polarización política

La Constitución estadounidense establece que durante el juicio los senadores actúan como un jurado mientras un grupo de miembros de la Cámara de Representantes tiene el papel de acusadores. El presidente de la Corte Suprema, el magistrado John Roberts, dirige el juicio.

Internacionales 27 de diciembre de 2019 Melisa Deciancio - Carola Lustig
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Impeachment a Donald Trump

Por Melina Deciancio y Carola Lustig

El miércoles 18 de diciembre, cuando la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi dijo “(t)he yeas are 230, the nays are 197, article one is adopted” y le dio al famoso “gavel” -martillo de subastas-, este órgano habilitó la apertura del juicio político a un presidente electo democráticamente por tercera vez en la historia del país.

Previamente, sólo dos presidentes pasaron por el mismo atolladero (Andrew Johnson 1865-1869 y Bill Clinton 1993-2001). Ambos demócratas fueron absueltos por el Senado. El primero logró evitarlo por un voto. El segundo contó con el apoyo de cinco republicanos que le garantizaron junto con los demócratas, la absolución. El único presidente republicano, aparte de Trump, al que le intentaron iniciar un impeachment fue a Richard Nixon luego del Watergate, pero renunció antes.

Así, las supuestas “conspiraciones por parte de la izquierda radical de los ociosos demócratas” que denuncia Trump también tuvieron su formato de conspiración de derecha sufridas por líderes demócratas. Sin embargo, en el intento de juicio a Nixon y en la apertura del juicio a Trump hay un patrón común: el uso de las herramientas estatales para perseguir a potenciales rivales políticos. El caso actual tiene olor a Watergate pero en tiempos de polarización política. Así, vale la pena establecer las diferencias de cada caso y de cada contexto histórico.

Andrew Johnson fue acusado de altos crímenes y delitos menores por violar la ley de tenencia del cargo al haber removido de su puesto a su secretario de guerra, Edwin Stanton. Con esta ley federal que existió desde 1867 hasta 1887 se intentaba limitar el poder del presidente para remover a ciertos titulares de sus cargos sin la aprobación del Senado. El Congreso de Estados Unidos había decidido aprobar esa ley para intentar disminuir el poder de Johnson, cuyas políticas de reconstrucción del Sur de la nación luego de la guerra civil no caían bien a los republicanos radicales. Esta ley fue tan controversial que fue revocada en 1887 y declarada inconstitucional por la Corte Suprema en 1926 otorgando finalmente mayor poder al presidente en ejercicio de los Estados Unidos.

Bill Clinton, por su parte, fue acusado de perjurio -mentir bajo juramento al jurado que lo interpelaba- por el famoso caso de su vínculo con la entonces pasante de la Casa Blanca, Monica Lewinsky, y por obstrucción de la justicia en la investigación. El juicio se inició a la mitad de su mandato presidencial. El escándalo duró prácticamente un año poniendo a prueba la paciencia de la sociedad americana y la Constitución misma. El propio Bill Clinton, luego de ser absuelto, se sintió en la obligación de pedir perdón por sus acciones y por haber sido una carga para el Congreso y para los Americanos.

Actualmente, al presidente republicano se lo acusa de dos cargos. El primero es abuso de poder por haber condicionado la entrega de ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania, presionando al presidente de ese país, Volodimir Zelenski, a que investigue los negocios que el dirigente demócrata, Joe Biden, y su hijo, Hunter Biden, tienen en su país a través de una empresa ucraniana Burisma. Aclaremos que Joe Biden es el principal contendiente opositor a Donald Trump de cara a las elecciones 2020. Segundo, se lo acusa de obstrucción al Congreso por negar cooperación en la investigación calificándola de inconstitucional y por prohibir a sus asesores a dar testimonios. El gobierno de Trump se negó a entregar 71 documentos y el mandatario ha impedido que declaren 12 testigos.

Donald Trump sostiene que no hizo nada malo y que es víctima de una caza de brujas. El mandatario declaró que este es el primer juicio donde no existe un crimen y que se trata simplemente de un “suicidio para el partido demócrata”. Mitch McConnell, senador republicano líder por la mayoría y principal defensor de Trump alega que este es un caso exclusivamente del partido demócrata, “en base a la investigación menos minuciosa y más injusta de la historia moderna”.

El argumento central del partido demócrata, además de proteger a su candidato más fuerte, es que Trump puso su interés político personal por encima del interés nacional, abusando del poder de su cargo para presionar indebidamente a su homólogo ucraniano y hacerlo interferir en la campaña presidencial 2020 socavando tal vez el principal baluarte de Estados Unidos, su democracia.

El discurso del representante demócrata Joe Kennedy en el momento de la votación resume muy bien la posición de su partido. Kennedy simuló explicarle su voto a su hijo eligiendo un tono pedagógico. Sostuvo que este “es un momento sobre el que leerás en los libros de historia sobre un presidente que fue enjuiciado por haber violado nuestras leyes, amenazado nuestra seguridad y abusado de nuestro más elevado y sagrado cargo en nuestra tierra. (…) Un presidente que usa su poder como un arma en contra de sus propios conciudadanos”.

La Constitución estadounidense establece que durante el juicio los senadores actúan como un jurado mientras un grupo de miembros de la Cámara de Representantes tiene el papel de acusadores. El presidente de la Corte Suprema, el magistrado John Roberts, dirige el juicio. Al final debe realizarse una votación pública. Para que haya una condena y posterior destitución, deben votar en contra del presidente más de dos tercios de los senadores.

El Partido Republicano controla 53 de los 100 escaños y, para lograr la destitución de Trump, los demócratas necesitarían que al menos 67 senadores votaran a favor. Esto significa que, además de los 45 votos de su propio partido y el apoyo de dos independientes, el Partido Demócrata necesita que 20 republicanos cambien de bando.

Por otra parte, la líder demócrata presidente de la Cámara de Representantes ha decidido demorar el envío de los dos artículos aprobados la semana pasada en un intento por presionar a los republicanos a escuchar más testimonios. Trump ya dijo en Twitter que habría que iniciarle juicio político a Nancy Pelosi por querer, en un año electoral, alagar el proceso por falta de pruebas.

Justamente, en el clima electoral que se siente progresivamente con mayor intensidad, el juicio político a Trump puede tener para los demócratas un efecto opuesto. En lugar de socavar su credibilidad y legitimidad, puede darle un impulso para su reelección. Sin dudas, la jugada de intentar destituir a Trump en un año electoral es arriesgada políticamente. Y es por eso que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, siempre fue cautelosa respecto del juicio político al presidente. Aunque el juicio político puede afectar la campaña de Trump, también podría complicar a los candidatos demócratas que buscan la reelección en áreas donde el presidente cuenta con un fuerte apoyo.

Lo cierto es que este proceso se da en el marco de una polarización muy acentuada del sistema político estadounidense, y esta votación en la Cámara baja no hizo más que reflejar la profunda división existente entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Es justamente debido o gracias –depende de quién lo lea- a esta polarización política que es muy difícil que Donald Trump sea destituido. Pareciera que este nuevo intento de una “conspiración de izquierda” por juzgar a un presidente republicano quedarán fraguadas.

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*Melisa Deciancio, investigadora asistente del CONICET, Área de Relaciones Internacionales de FLACSO.

*Carola Lustig, investigadora invitada del Área de Relaciones Internacionales FLACSO. Asesora en la Cámara de Diputados de la Nación

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