El juez federal Rodolfo Canicoba Corral amplió esta semana la investigación sobre un presunto espionaje ilegal a una gran lista de personas, en la que se encuentran desde jueces hasta el propio Lionel Messi, por parte de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri.

Se trata de un expediente que se abrió hace más de dos años a partir de un artículo del periodista del diario La Nación, Carlos Pagni, donde hablaba de operaciones presuntamente ilegales a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para recabar información privada sobre distintos personajes, no se sabe bien con qué objetivos concretos. 

Ahora se reveló que, tal como lo había mencionado el propio Pagni, entre los espiados aparece el jugador del Barcelona y la selección argentina. Además, figuran junto a él integrantes del mundo empresarial, como Mariano Martínez Rojas, Matías Garfunkel, Gustavo Cinosi, Julio Korpeski y Ricardo Hazan; y también del mundo judicial, como Alejandra Mángano, Marcelo Colombo, Emilio Guerberoff y Marcelo Agüero Vera (integrantes del Ministerio Público Fiscal), y Roberto Enrique Hornos (juez de la Cámara en lo Penal Económico).

La investigación

Pagni, en su artículo titulado "El pestilente círculo negro del espionaje", con fecha del 2 de abril de 2017, señaló la existencia de una "unidad de inteligencia ilegal" en la AFI y aseguró que esa información "podría ser avalada por testigos ante un requerimiento judicial".

Ya en esa nota mencionaba a Messi como uno de los posibles espiados. ¿El objetivo? "Indagar en una sociedad que apareció en los Panamá Papers". Otros de los mencionados por el periodista como víctimas del espionaje fueron el legislador porteño Gustavo Vera (cercano al papa Francisco), el ex juez Raúl Zaffaroni, el periodista Juan Di Natale, el ex titular de Legal y Técnica Carlos Zannini (actual procurador del Tesoro) y hasta la Iglesia Universal del Reino de Dios.

Fue la propia AFI que, tras esa publicación, realizó la denuncia, que recayó en Canicoba Corral. En ese momento, el fiscal Delgado le solicitó al juez investigar si desde la agencia de inteligencia, a través del sistema e-log de la AFIP, se realizaron consultas "por fuera de un marco legal que la justifique".

El fiscal, además, requirió a la Dirección Nacional de Migraciones información sobre solicitudes de datos de movimientos de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de Casación Federal, de la Cámara Federal, jueces federales, del fuero penal económico y también de tribunales orales durante los últimos dos años.

Otra de las cosas que pidió constatar el representante del Ministerio Público es si también se pidió datos sobre legisladores, ministros del Ejecutivo y del Gobierno bonaerense, los gobernantes de todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, y del director y subdirectora de la AFI, por entonces Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, una de las apuntadas por Pagni como responsable de estas operaciones ilegales. 

La lista de espiados 

A partir de la infomación aportada, Delgado encontró que más de 20 jueces figuraban en el registro de consultas de Migraciones sin un justificativo. Entre ellos, los jueces de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti; también el propio Canicoba Corral, a cargo de la investigación. 

Otros de los nombres son los de Ana María Figueroa (camarista de Casación), Martín Irurzun (presidente de la Cámara Federal), Mariano Llorens (camarista federal). También los jueces federales Sebastián Casanello, Daniel Rafecas, Luis Rodríguez y María Servini.

Y, por último, Marcelo Aguinsky, Javier López Biscayart y Pablo Yadarola (fuero penal económico); y Claudio Gutiérrez de la Cárcova, María Gabriela López Iñíguez, Sabrina Namer, Ángel Gabriel Nardiello, Sergio Paduczak, Javier Ríos, José Martínez Sobrino y Nicolás Toselli, de tribunales orales. 

“Se trata de desentrañar si desde alguno de los organismos y/o dependencias del Estado individualizadas se desplegaron actividades de espionaje e inteligencia ilegal" sobre estos jueces, señaló Delgado en el dictamen para ampliar la investigación.

Además de Migraciones, el juez pidió informes a otros organismos como la propia AFIP, el Ministerio de Seguridad, la Unidad de Información Financiera, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, la Procuración General y el Poder Judicial. Por eso, la lista podría ampliarse.

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Fuente: El País Digital / HoraCero