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Funcionarios procesados en la Causa Peajes

Dos ex funcionarios macristas fueron procesados por la causa peajes. Son Javier Iguacel (Vialidad) y el ex procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías. El juez Canicoba Corral citó a Guillermo Dietrich y Nicolás Dujovne para los próximos días. Además, el magistrado les trabó un embargo de 500 millones de pesos.

Noticias 21 de julio de 2020 Redacción HoraCero
PEAJE
Ex funcionarios comprometidos en la Causa Peajes

La causa que investiga las irregularidades en las concesiones de los peajes durante el macrismo es uno de los expedientes más resonantes que tramita la Justicia contra integrantes del anterior gobierno nacional. Ahora, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral decidió procesar al ex director de Vialidad Nacional Javier Iguacel y al procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías por supuesta administración fraudulenta. 

Además, el magistrado les trabó un embargo de 500 millones de pesos y llamó a declaración indagatoria para este viernes al ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich, y para el lunes al ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne.

La semana pasada, las defensas de Iguacel y Saravia Frías se negaron a declarar y recusaron a Canicoba Corral. Sin embargo, este lunes la recusación fue rechazada por el juez, que los procesó sin prisión preventiva.

La Causa Peajes

La causa se inició por una denuncia presentada en la Justicia por los diputados del Frente para La Victoria Rodolfo Tailhade y Leopoldo Moreau. Según la acusación, desde la administración de Macri se montó un escenario de reclamos ante el tribunal de arbitraje del Banco Mundial CIADI por supuestos atrasos tarifarios por parte de la empresa española Albertis, accionista de Ausol y Grupo Concesionario del Oeste (GCO), para poder llevar adelante la cuestionada prórroga de las concesiones.

Días antes de que Macri asumiera la presidencia, en diciembre de 2015, el grupo Abertis presentó una demanda ante el CIADI por el congelamiento de tarifas aplicado en dos de las concesiones de Ausol y GCO tras el estallido de la crisis de 2001.

En 2016, una resolución de la Dirección de Vialidad Nacional, comandada por entonces por Iguacel, estableció la extensión de las concesiones a Autopistas del Sol y a Grupo Concesionario Oeste hasta el 2030. La decisión fue refrendada por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional en 2018, que Macri se excusó de firmar por sugerencia de la Oficina Anticorrupción –que dirigía Laura Alonso-, ya que había pasado apenas un año de la venta de las acciones de SOCMA (el holding de la familia Macri) en Ausol. La ex vicepresidenta Gabriela Michetti fue la encargada de estampar la rúbrica.

PROCESADOS
Saravia Frías y Dujovne

La explicación que dio el Gobierno de Macri fue que había arreglado con Albertis el retiro de la denuncia realizada ante el CIADI a cambio de la extensión de la concesión y el pago de una supuesta deuda de casi 500 millones de dólares por inversiones no realizadas por el Estado argentino. Además, se le condonó a la empresa deudas por incumplimientos de contratos, se les otorgó la ampliación de los horarios denominados “pico” (que tienen tarifas más altas), y la dolarización de tarifas.

Saravia Frías, histórico abogado de la familia Macri, fue nombrado como procurador del Tesoro tras el desplazamiento de Carlos Balbín, quien había defendido los intereses del Estado ante la demanda de las empresas de peajes en el CIADI. Cuando el nuevo funcionario asumió el cargo, adoptó una postura completamente diferente y avaló el acuerdo que benefició a las concesionarias sin que haya habido ni una sola audiencia ante esa instancia.

Además, la denuncia de Moreau y Thailade incluye la venta de las acciones que el Grupo Macri tenía en Ausol S.A. a una empresa sin experiencia en el rubro, llamada Natal Inversiones S.A. El entonces presidente se desprendió de los papeles a mediados de 2017 y las acciones fueron adquiridas por esa firma por un monto 400% mayor de lo que valían antes de la llegada de Macri a Casa Rosada y tras la sideral suba de tarifas autorizada por su gobierno. 

Se presume que se trató una venta "fantasma", ya que Natal no tenía antecedentes en el rubro y pagó 19,7 millones de dólares por las acciones de Ausol, cuando facturaba sólo unos dos millones de pesos anuales.

En el caso de Dietrich, se investiga su participación en el reconocimiento de la deuda de casi 500 millones de dólares a las concesionarias. Para los denunciantes, la presentación de la firma ante el CIADI días antes de la asunción de Macri fue un arreglo con los futuros funcionarios para después tener una excusa y lograr el pago de la millonaria suma y otros beneficios para las concesionarias de los peajes. 

En el caso de Dujovne, se lo investiga por no participar en el dictamen necesario para que se avalara los requisitos de los futuros contratos con las concesionarias, establecido por ley. Fue Vialidad Nacional la que contrató a ese consultor externo, quien elaboró un informe sobre la conveniencia o no para el Estado de las nuevas condiciones de concesión, cuando en realidad eso le correspondía al Ministerio de Hacienda

Canicoba Corral ordenó como última medida de prueba un pedido de información a Vialidad para determinar por qué se contrató a un privado para ese trabajo y cuáles fueron los honorarios que recibió a cambio.

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Fuentes: Página 12 - Télam - EPD / HoraCero

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