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¿Qué implicancias tiene el congelamiento de las tarifas de TV, internet y telefonía?

El Gobierno declaró a la telefonía celular y fija, a los servicios de internet y a la TV paga como "servicios públicos esenciales" y se congelaron los precios hasta el 31 de diciembre, según anunció el presidente Alberto Fernández. Esta decisión puede considerarse reparatoria de la gran concentración empresarial.

Cultura 22 de agosto de 2020 Redacción HC
TLEFONOS Y TV
El decreto que pone énfasis en los derechos de usuarios

En la última edición de Contraeditorial, el periodista Roberto Caballero señala que reducir el decreto 690/20 a un mero congelamiento de tarifas es quedarse en la superficie del mismo. En tal sentido, agrega que "es una medida que refuerza el papel ordenador del Estado en un área como la de las telecomunicaciones donde hasta ahora el mercado hacía y deshacía a su antojo, vulnerando derechos fundamentales de la ciudadanía: hace nueve años que la ONU declaró el acceso a internet (la conectividad a la red) como un derecho humano más".

En el artículo de Contraeditorial, Caballero explica que "Si Clarín está entre los más afectados no es porque la nueva normativa tenga nombre y apellido, sino porque su modelo de fenomenal concentración incluye la integración horizontal y vertical de todos estos negocios, cuya estructura de costos y precios pasan a estar ahora bajo escrutinio y regulación estatal".

El periodista destaca en su nota que "Esto no había pasado ni con la Ley de Medios. Entre otras cosas, porque esa ley no regía sobre internet y la telefonía, y tampoco se entrometía con la fijación de precios, ni siquiera con los de la TV por cable. Vagamente hablaba de una “tarifa social”, que nunca se concretó. Ni con CFK en el gobierno".

¿Qué significa servicio público esencial?

Por Cinthya Ottaviano

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, conocida como la Ley de Medios, declaró en 2009 que “la actividad realizada por los servicios de comunicación audiovisual se considera una actividad de interés público, fundamental para el desarrollo sociocultural de la población por el que se exterioriza el derecho humano inalienable a expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones”.

A su vez, la Ley de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 27.078, conocida como Argentina Digital, estableció en 2014 “de interés público el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, las Telecomunicaciones y sus recursos asociados” y en su artículo 15 declaró “el carácter de servicio público esencial y estratégico” las TIC.

Pero desde 2015 en adelante, los decretos de necesidad y urgencia y decretos de Mauricio Macri (267/2015 entre otros) derogaron “gran parte del andamiaje legal”, como reconoce el nuevo decreto, “abandonándose la idea del acceso (al) derecho humano”, dejando a las personas “libradas” a la ley de la oferta y la demanda “como una simple mercancía, contrariamente a lo previsto en la Constitución Nacional, que en su artículo 42 establece el deber de las autoridades a proveer protección”.

El máximo referente del neoliberalismo de cabotaje había borrado con habilidad quirúrgica los artículos centrales que habilitaban el nuevo paradigma, en el que la comunicación dejaba de considerarse un mero negocio para inscribirse en el campo de los derechos humanos, el Estado se reconocía garante, creador de una nueva institucionalidad ejecutante, con nuevos sujetos de derecho, las audiencias, usuarios y usuarias de los servicios constituidos como tales, con capacidad de reclamar ante su vulneración.

En este 2020, la clasificación de “servicio público, esencial y en competencia” del nuevo DNU profundiza el mapa conceptual y regulatorio para Internet, la telefonía fija, móvil y la TV paga.

El centro de la escena vuelve a ser ocupado por las personas, la ciudadanía comunicacional, con requerimiento de tutela jurídica y económica para garantizar los derechos fundamentales e incluso su “propia dignidad como persona humana”.

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Fuente: Revista Contraeditorial / HoraCero

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