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Muerte por Hectárea

Los grandes medios denigran a las comunidades de pobres que ocupan un terreno para construir sus viviendas familiares, pero defienden la usurpación que hace una minoría de ricos de grandes hectáreas del territorio nacional.

Opinión 07 de noviembre de 2020 Antonio Miguel Yapur*
LA CONQUISTA
Obra "La Conquista del Desierto" del pintor Juan Manuel Blane

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El 4 de septiembre de este año, un diario de la ciudad de Santa Fe publicó un artículo titulado: “Asentamiento en El Pozo, una usurpación de más de una década”, en el mismo se describe la situación de aproximadamente 50 familias que están habitando un territorio llamado habitualmente Los Alisos, a la vera de la laguna Setúbal y aledaños al barrio conocido como El Pozo.

En tanto, las empresas comunicacionales de otros lugares del país vinieron construyendo e instalando el concepto de usurpación a las ocupaciones de tierras por familias en estado de precariedad.

El portal INFOBAE el 4 de septiembre titulaba “Radiografía del “Alto” de Bariloche, la zona donde los mapuches realizan la mayor cantidad de usurpaciones”.

En alianza a este bombardeo hegemónico, el 3 del mismo mes Cadena 3 aportaba al estigma un titular “Preocupación en Calamuchita por denuncias de usurpaciones”.

El diario “El Sol” de Mendoza el 6 de septiembre cargó fuego pesado dándole lugar a la santa espada imperial y tituló: “Usurpaciones: el duro mensaje de Carrió a Francisco”.

Y por supuesto que TN fue el sedicioso preferido que lanzó una granada temprana, “Las usurpaciones también desafían a la Iglesia”.

El primer avance de combate lo inició la patrulla mediática de Clarín el 8 de agosto. Ahí escupió su primer fuego “Las usurpaciones de terrenos, una mancha que se desparrama en la Provincia”.

Que los mercados comunicacionales actúen encadenados en todo el país para instalar un tema de su interés, no es novedad. Eso lo vienen haciendo casi ancestralmente.

Sí quizás sea preciso hacernos algunas preguntas aunque no tengamos todas las respuestas.

¿A qué se debe que una parte de la población catalogada como “la gente” acompañe esta estrategia de guerra?

¿Por qué ese conjunto de argentinos, en forma indiferente acepta como una figura delictual la instalación de familias en territorios deshabitados?

Cuando la memoria es desmemoria

Los desalojos con violencia de Guernica en la provincia de Buenos Aires y casi simultáneamente la expulsión de los integrantes del “Proyecto Artigas” cerca de la ciudad de La Paz en la provincia de Entre Ríos, es una señal contundente que el ínfimo sector de la derecha rural, citadina y política en nuestro país no está dispuesto a convivir con nosotros, los ciudadanos comunes. Y mucho menos compartir algún tipo de bienestar.

No son la oposición a un oficialismo que gobierna, son enemigos de un pueblo y de un país que se quiere gestar libre, equitativo, igualitario, solidario; política y económicamente soberano.

Son los provocadores históricos de cuantiosas usurpaciones violentas en miles de hectáreas que costaron también millares de vidas a los pueblos originarios, a gauchos y mestizos. 

Usaron al Ejército Argentino como fuerza invasora de esos territorios, reclutaron como forma de castigo a pobres, gauchos, mestizos e indígenas y así los mitre-roca se proveían de carne de cañón para la incautación de esos territorios.

Ya anteriormente el primer gran reparto de tierras se realizó desde 1826 en adelante, con la llamada Ley de Enfiteusis donde Bernardino Rivadavia le facilitó a la burguesía comercial porteña la propiedad de enormes extensiones de tierra.

La Campaña del Desierto realizada por Julio A. Roca en 1879 completó el robo, millones de hectáreas que les fueron entregadas como botín de guerra a quienes habían financiado esa campaña de extermino militar contra los pueblos originarios. 

En concreto, así se consolidó la oligarquía argentina. Unos pocos se quedaron con grandes extensiones de tierra bajo el pretexto de “razones patrióticas” y usando al Ejército Nacional para enriquecerse.

Son las mismas razones que hicieron cantar el Himno Nacional a ese grupúsculo de patrones de estancias en Entre Ríos, tras el apresurado fallo de una jueza adicta a sus beneficios. 

Tal como el ideólogo de antaño escribió: “Se nos habla de gauchos… la lucha ha dado cuenta de ellos, de toda esa chusma de haraganes. No trate de economizar sangre de gauchos. Este es un abono que es preciso hacer útil al país. La sangre de esa chusma criolla incivil, bárbara y ruda es lo único que tienen de seres humanos”.(1)

Una magnitud certera de la existencia actual de los terratenientes y oligarcas en nuestro país es que en nuestra provincia “Solo el 0,06 por ciento de la población de Santa Fe es dueña del 60 por ciento de la tierra productiva…” (2). Y a modo de confirmación, en todo el país alrededor de 5700 personas son dueñas de 80 millones de hectáreas.

En 1815 se realizó el Congreso de Oriente o Congreso de los Pueblos Libres en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, lo presidió José Gervasio Artigas y se proclamó la independencia de España de las Provincias Unidas del Río de la Plata. 

Además el Congreso dispuso una reforma agraria, para ello tomó las tierras de los realistas y de los latifundios para repartirlos entre familias campesinas. Dichas tierras serían entregadas a criollos de bajo recursos, indígenas, negros y mulatos para la agricultura. 

Otro hubiera sido el destino de la Patria si el unitarismo centralista del puerto de Buenos Aires, adicto al imperio inglés, no lograba proscribir a Artigas en la construcción de la Patria. 

Este relato que sigue revela la misma y actual concepción esclavista de los patrones de la tierra.

“Ferreyra formaba parte de la comunidad indígena lule-vilela de San Antonio, que habita dos mil hectáreas comunitarias desde hace varias generaciones. A pesar de su juventud, era identificado como un referente, tranquilo, pero decidido a permanecer en territorio ancestral. La comunidad denunciaba el acoso de empresarios que pretenden las tierras comunitarias: sufrían el cierre de caminos vecinales, amenazas a niñxs cuando iban a la escuela y matanza de animales.

El 16 de noviembre de 2011 llegaron hasta su casa dos personas encapuchadas. “Buscaban a Cristian Ferreyra y, sin mediar palabra, le dispa-raron a sangre fría con una escopeta”, denunció el Mocase-VC. Ferreyra falleció desangrado, ante la impotencia y desesperación de su esposa y su hijo de dos años. El ataque fue el día anterior a una asamblea que iba a realizarse en casa de Ferreyra, con el objetivo de definir un plan para frenar las topadoras.”(3)

Una apropiación para cada día

Mientras los mercados mediáticos denigran a las comunidades populares cuando ocupan un territorio para construir sus viviendas familiares, defienden la usurpación que unos pocos ricos hacen para apropiarse a cualquier costo de grandes hectáreas del territorio nacional.

     1. La empresa Vicentín en el norte santafesino es una innegable exposición del poder monopólico y terrateniente como forma de propiedad privada. Utilizan los poderes estatales para ser amparados y defendidos. Un sector del Poder Judicial se arrodilla frente a los pantalones fulleros de los dueños de campo, los veneran y en ese mismo escenario les rezan un rosario de fallos favorables mostrando su obediencia debida.

En tanto, varios de los estafados salen a la calle para defender al estafador, el poder de policía estatal los ampara mientras reprime cualquier esbozo de resistencia popular.

     2. Los campos de la familia Etchevehere en Entre Ríos son muestra del culto a la impunidad, a la violencia de clase y a la apropiación dudosa. Para defender este tipo de propiedad privada concurren presurosos los acorazados mediáticos con sus cómplices rurales, judiciales y gubernamentales. 

Esta pequeña minoría no quiere permitir que se difunda la viabilidad de otra forma de propiedad rural o ciudadana que sea solidaria, equitativa y muestre que existe otra manera de producción y uso de la tierra, amigable con la vida en el Planeta.

     3. El espacio antes ocupado por el puerto de la ciudad de Santa Fe es otro modelo de fraude. Un gobernador derribó los muros que rodeaban al puerto y dijo en su discurso “lo hacemos para que nunca más haya barreras para el ingreso al puerto y para que él (el puerto) sea propiedad de todo el pueblo santafesino”.

Nunca fue así.

Hoy ese puerto está vendido o concesionado por 100 años a empresas inmobiliarias, hoteles internacionales, casinos y otros intereses del sombrío burdel financiero.

Aquellos muros que en antaño escondían lúgubres intereses, hoy están reencarnados en grandes edificios y rentas que usufructúan unos pocos empresarios autóctonos, otros extranjeros y también los patricios santafesinos. 

El puerto de Santa Fe hoy vela por los mismos negociados de antaño.

     4. Sería para otro extenso artículo las fugas de las producciones agropecuarias, mineras y de otras no tan santas que se embarcan de desde los puertos privados entre Oliveros Provincia de Santa Fe hasta Buenos Aires sobre el Río Paraná.

Esta es la forma de propiedad privada creada para el saqueo de nuestras riquezas, las empresas agropecuarias, mineras y de otros rubros no rinden cuentas fehacientes en el tráfico en éstos puertos. 

La tierra no tiene dueños

Es momento de recuperar el debate político, ideológico y económico sobre la propiedad y los derechos sobre la tierra y las riquezas naturales. Buena cantidad de los actuales “propietarios” usurpan esa propiedad.

La tierra es un bien esencial, finito para la vida en el planeta y nuestro país no es excepción a esto. Los que habitamos el planeta somos todos los seres vivientes, entre los cuales estamos los humanos.

Nuestra especie, los humanos, somos los únicos seres que tienen contradicciones esenciales acerca de la utilización de la tierra y sobre su propiedad.

La sociedad capitalista impone que la tierra sea una propiedad privada, lo que implica que quien dice ser el dueño puede hacer de ella lo que desee sin tener en cuenta el interés social. Ese “propietario” puede agredirla, devastarla, incendiarla. Y quienes se opongan a estos propósitos, pueden ser liquidados.

Pero no es la única visión, otras concepciones entienden que la tierra es una propiedad social, que todos los habitantes del planeta tienen el derecho a usufructuarla en tanto lo hagan con responsabilidad y sepan que deben cuidarla para las generaciones futuras. La tenencia de ella es solo un instrumento (no una propiedad) para producir, alimentar y cuidar a toda la sociedad.

Con justeza y certeza se podría entender que los apropiadores coloniales y actuales de las grandes extensiones de tierras son bandidos, pues han ejercido violencia privada o estatal entre otras dobleces para ocupar ilegítimamente esos territorios. En ese marco se podría exigir a la Justicia del Estado, el uso del monopolio de la fuerza para desalojarlos…

¿Por qué no?

La propiedad y el modo de producción de la tierra es uno de los grandes desafíos del movimiento popular no solo en Argentina sino en toda nuestra América. 

Podríamos aseverar que son muchos los movimientos sociales políticos que están resistiendo al actual exterminio capitalista, aunque también autocríticamente debemos reconocer que esa resistencia aún está dispersa. Por eso,  debemos hacer el esfuerzo de coordinarla y organizarla.

Incluso con eso no alcanza, es necesario acordar un programa mínimo de lucha que nos permita además de resistir, crear poder para combatir el exterminio neoliberal y reemplazarlo por gobiernos populares transformadores de esa propiedad para que su uso sea amigable con la vida en el planeta, inclusive la humana.

1) Carta de Domingo F. Sarmiento a Bartolomé Mitre. 20 de septiembre de 1861. 2) Pedro Peretti, Mempo Giardinelli, La Argentina agropecuaria, 2018. 3) Atlas del agronegocio transgénico en el Cono Sur.

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