El senador nacional oficialista por la provincia de Neuquén Oscar Parrilli comentó este martes que existe la posibilidad de que, desde el Frente de Todes, se plantee una nueva ley de medios.
Consultado acerca de la si es posible o no llevar adelante dicho proyecto de ley, el abogado contestó que «cree que sí». «Tenemos una ley de medios que fue derogada por decreto, que fue declarada constitucional y, después, se encargaron de no aplicarla, de permitir su aplicación», aseguró Parrilli en declaraciones radiales.
Sostuvo que algunos medios perdieron credibilidad y que la gente sabe que «defienden intereses corporativos», el senador nacional aseguró que, más allá de la aplicación o no de la ley, dichos medios «ya perdieron la batalla».
A pesar de dicha sentencia, Parrilli todavía mantiene viva la posibilidad de impulsar una nueva ley de medios: «Esta es la pelea y la discusión de los modelos de país que están en disputa. La manera que tenemos de resolverla es democráticamente. Por lo menos tenemos la contundencia de que en la última elección hemos tenido un triunfo aplastante».
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
La Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisualâ, conocida como Ley de Medios, fue una ley que estableció las normas para regir el funcionamiento y la distribución de licencias de los medios radiales y televisivos en Argentina. Fue promulgada el 10 de octubre de 2009 por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y se constituyó en reemplazo de la Ley de Radiodifusión 22.285 instituida en 1980 por la dictadura militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional y que se mantenía vigente.
El proyecto original presentado en agosto de 2009 estaba basado en una propuesta de veintiún puntos que había sido presentada por la Coalición por una Radiodifusión Democrática en 2004 y debatida durante un año en 24 foros que se desarrollaron a dicho fin en distintos puntos del país.â Luego de que se le realizaran más de 100 modificaciones, fue aprobado en la Cámara de Diputados y el Senado, convirtiéndose en ley.
El Grupo Clarín impugnó la aplicación de cuatro artículos de la ley (41, 45, 48 y 161) mediante el uso de sucesivas medidas cautelares, lo que paralizó la plena aplicación de la ley durante más de cuatro años. El 29 de octubre de 2013, la Corte Suprema de Justicia dictó un fallo en el que determinó la validez de los cuatro artículos en cuestión y la constitucionalidad general de la ley. En 2016, mediante un decreto del presidente Mauricio Macri, se modificaron los artículos que regulan la venta de licencias, los topes a la cantidad de las mismas que puede poseer un grupo de medios y las restricciones a la propiedad cruzada, entre otros artículos centrales de la ley.
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