El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires desafectó a más de 400 efectivos que participaron de la rebelión policial de septiembre de 2020. A partir de la medida, los policías dejan de prestar servicio en forma inmediata y deben entregar el arma reglamentaria. Asimismo, cobrarán el 50% del salario en los próximos seis meses, hasta tanto se defina si se los desvincula definitivamente de la fuerza o no.

La decisión fue confirmada por el ministro de Seguridad, Sergio Berni, quien aseguró: “Todos los que fueron sumariados es porque no cumplieron con su deber; el que los castiga es la ley, no Asuntos Internos”. 

El funcionario buscó desligar la flamante medida con la nueva protesta que miembros de la fuerza impulsan por estas horas reclamando aumentos de salarios: “N es ningún mensaje por la protesta, pero no somos ingenuos". Y agregó: "La protesta tiene que ver con esto. Sabían que a partir del levantamiento de la feria judicial se iban a activar los sumarios. Habíamos dichos que quienes no cumplían con su deber iban a ser sancionados. Hemos cumplido con lo que dijimos que íbamos a hacer”.

"No cumplen con su misión de policías. No cumplieron con la ley”
SERGIO BERNI

Asimismo, señaló que "la agremiación es una herramienta fundamental en una Policía que funciona. En una Policía que tiene los problemas de la bonaerense, con índices de corrupción, está en dudas. No sé si las condiciones están para que funcione".

La cartera conducida por Berni, a través de una resolución que lleva la firma de la auditora de Asuntos Internos, Lorena Rebuffo, estableció que los efectivos sancionados “deben prestar declaración administrativa en relación al hecho por el cual, el 9 de septiembre de 2020, en horas de la tarde, se hicieron presentes en la Residencia Presidencial de Olivos con la finalidad de participar de una protesta para solicitar mejoras en sus condiciones laborales, protesta que afectó la prestación normal del servicio, siendo canalizadas en horario laboral y a bordo de móviles policiales pertenecientes a la flota de la dependencia en la cual prestaban servicios¨. 

En otra parte de la resolución, se acusa a los agentes de haber cometido actos de extrema gravedad, que incluyeron el uso de patrulleros, y que el objetivo de la protesta fue ¨erosionar la figura presidencial¨. Y concluye: Por lo relatado, los imputados afectaron gravemente la disciplina al cometer un acto de insubordinación y afectaron la operatividad de la fuerza policial”. 

Los efectivos sujetos a proceso de investigación ascienden a 1.800, número que incluye no solo a los agentes que estuvieron protestando frente a la Residencia de Olivos, sino también a quienes estuvieron en el Centro de Coordinación Estratégica de la policía provincial en Puente 12 en La Matanza y otros lugares.