El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi quedó a cargo de una de las causas que investiga el espionaje ilegal durante el macrismo. El magistrado dio por válidos los argumentos de su par María Eugenia Capuchetti, quien se había inhibido de entender en el caso por considerarse una de las posibles víctimas de las maniobras realizadas. El trámite había sido derivado de la Justicia Federal de Lomas de Zamora a los tribunales de Comodoro Py, tras el pedido de los acusados. 

Martínez de Giorgi fue quien procesó a 22 de 31 personas detenidas en una marcha reclamando por la aparición de Santiago Maldonado en septiembre de 2017. Tres meses después, el fallo fue revocado por la Cámara Federal por inexistencia de pruebas. Al mismo tiempo, tiene a su cargo una denuncia realizada contra una de las manifestaciones convocadas por la oposición en contexto de aislamiento preventivo por la pandemia. 

Desde ahora, el magistrado quedará a cargo de la investigación del espionaje ilegal, pese a que está pendiente un recurso ante la Corte Suprema de Justicia presentado por los abogados de Cristina Fernández de Kirchner, quien interviene en su condición de querellante como víctima de maniobras realizadas sobre su persona y sobre la sede del Instituto Patria.

También se investiga la existencia de asociación ilícita entre el Poder Ejecutivo Nacional, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y el Servicio Penitenciario Federal por llevar a cabo las mismas prácticas contra detenidos. El año pasado el juez archivó la causa denominada “Operativo Puf”, denunciada por Elisa Carrió para desestimar la investigación que por entonces llevaba a cabo el juez federal Alejo Ramos Padilla.

La causa por la que se inhibió Capuchetti, abierta desde 2017 también en los tribunales federales, refiere a la consulta de datos realizada por la AFI a través de la Dirección Nacional de Migraciones. Sin embargo, está pendiente la resolución de la Cámara Federal para decidir quién debe intervenir. Sebastián Ramos, a cargo del Juzgado Federal N° 2, se excusó y derivó el caso a Martínez de Giorgi, quien rechazó el planteo de su colega. 

El espionaje ilegal en otras causas del macrismo

El expediente que lleva Martínez de Giorgi no es el único que se lleva adelante sobre actos ilícitos perpetrados por el Estado bajo la gestión macrista. El Tribunal Oral Federal 2 continúa adelante con el juicio contra el falso abogado Marcelo D'Alessio, el ex fiscal provincial de Mercedes, Juan Ignacio Bidone, y los ex miembros de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Claudio Oscar Álvarez y Hugo Rolando Barreiro.

En ese marco, el empresario y querellante Gabriel Traficante declaró el pasado 22 de marzo y relató la operatoria de D'Alessio, quien era su vecino en el barrio cerrado Saint Thomas. A través de esa cercanía social, le hizo llegar la información de que estaba siendo investigado en una causa del fuero federal por contrabando.

El operador allegado a Patricia Bullrich, ministra de Seguridad en ese momento, le mostró información secreta de él, como llamadas entrantes y salientes (probablemente proporcionadas por la pata de inteligencia). Ante esto, le exigió al empresario el pago de 80.000 dólares para borrarlas. El empresario se negó al pago y entonces D'Alessio lo amenazó con una "investigación" que publicaría Daniel Santoro si no pagaba.

Las acusaciones que impactaron contra el periodista de Clarín fueron avaladas por el juez federal Luis Rodríguez que procesó el periodista Daniel Santoro por presunta tentativa de extorsión.

APU / HORACERO