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Estados Unidos y el bloqueo selectivo contra Venezuela

Las sanciones que repercutieron sobre la población venezolana fueron catalogadas por Naciones Unidas como medidas coercitivas unilaterales y violatorias del Derecho Internacional.

Internacionales 13 de junio de 2021 Micaela Ovelar*
PetroleoVzolano
Existe una serie de preguntas que subyacen a la renovación de la licencia de operaciones de Chevron

image3398Por Micaela Ovelar*

El pasado 3 de junio de 2021, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos hizo público que renovaba la licencia de operaciones en Venezuela para la empresa petrolera Chevron (ex Standard Oil).

Esta es la séptima licencia que el gobierno norteamericano renueva a la multinacional petrolera desde que, en enero de 2019, el entonces presidente Donald Trump reafirmara las sanciones: contra la empresa petrolera venezolana Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA), contra el gobierno de Nicolás Maduro, y, en definitiva, contra el pueblo bolivariano.

Es importante subrayar que las repercusiones que las sanciones han tenido sobre la población venezolana han sido catalogadas por Naciones Unidas como medidas coercitivas unilaterales, violatorias del Derecho Internacional y de los Derechos Humanos.

Sobre la renovación de la licencia de operaciones de la Chevron en Venezuela, algunos analistas venezolanos piensan, tal vez con algo de ingenuidad, que el gobierno del Presidente Nicolás Maduro debería usar esta especie de “carta bajo la manga para sacar algún tipo de beneficio o provecho económico, algo que el pueblo venezolano está necesitando, pero -dicen que- aun así debe el mandatario nacional venezolano mantenerse alerta, ya que las ganancias de la Chevron pueden volver a ser utilizadas por los Estados Unidos para continuar con la escalada de agresiones contra el suelo patrio venezolano”.

Por otro lado, existe una serie de preguntas que subyacen a la renovación de la licencia de operaciones de Chevron, la segunda petrolera más importante del imperio estadounidense, superada solo por Exxon Mobil: "¿No se supone que Venezuela no produce, ni mucho menos exporta petróleo y, además, que su industria bandera (PDVSA) no deja más que pérdidas?".

Esta es la matriz de opinión hegemónica a nivel mundial que se ha instalado sobre la antiguamente famosa y respetada industria petrolera venezolana, la cual, de acuerdo a la misma matriz, estaría en decadencia, cuando no acabada. Valga recordar que fue Hugo Chávez quien puso a valer a PDVSA: cuando el comandante eterno fue electo presidente, en 1998, el precio del barril de petróleo rondaba los 10 USD, y, durante su gobierno -previo a complejas negociaciones con los socios productores de la OPEC, el mismo barril alcanzó los 100 USD.

Volviendo al presente, en efecto, las sanciones contra Venezuela han dejado secuelas muy difíciles de reparar. Desde 2019, la producción de crudo en el país caribeño se ha desplomado en casi dos tercios de su actividad productiva acostumbrada: a menos de 500.000 barriles por día (bpd). Como consecuencia de las medidas coercitivas unilaterales, las empresas petroleras norteamericanas y europeas han reducido a su mínima expresión su presencia en Venezuela para evitar ver sus cuentas bancarias congeladas o sus operaciones petroleras canceladas. Sin embargo, esta autorización del gobierno de Biden a Chevron deja ver claramente que, a pesar de los ataques, la industria petrolera venezolana sigue siendo un “trofeo” de gran interés imperial.

De hecho, la Chevron no es la única compañía o empresa estadounidense que mantiene operaciones con y en Venezuela, es solo una de las más importantes de ellas, también hay compañías chinas y rusas. No obstante, esta nueva renovación podría significar que un acuerdo del gobierno de Biden con el gobierno constitucionalmente electo de Nicolás Maduro, está en camino, no solo con el objeto de reactivar una industria petrolera, cuyo potencial es enorme a la vez que estratégico para el desarrollo social y económico de Venezuela. Estamos hablando de otra señal de acercamiento de la Casa Blanca hacia Miraflores.

En ese mismo sentido, el Instituto Samuel Robinson de Caracas sostiene que mediante esta decisión de Washington, la Chevron y otras compañías estadounidenses “podrán realizar transacciones y actividades que garanticen la seguridad del personal o la integridad de operaciones y activos en Venezuela, participación en reuniones de accionistas y junta directiva, realizar pagos en facturas de terceros por transacciones y actividades autorizadas, pago de impuestos locales y compra de servicios públicos en Venezuela y pago de salarios a empleados y contratistas en el territorio nacional”.

Abonando a esta idea, en enero pasado, el medio especializado en análisis económico Bloomberg informó que Chevron y Reliance Industries, otra empresa estadounidense, se estaban reuniendo con funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos para solicitar una revocación de algunas de las restricciones de la administración Trump contra la industria petrolera venezolana. Los lobistas petroleros solicitaron, específicamente, restablecer las transacciones conocidas como swaps de petróleo que permitirían a las empresas recibir crudo venezolano a cambio de suministrar diésel.

Chevron opera en Venezuela desde hace décadas y cuenta con aproximadamente 8 mil empleados. En abril de 2020, la Casa Blanca le ordenó reducir gradualmente sus actividades a un simple “mantenimiento” de sus activos. Sin embargo, esa situación parece estar comenzando a cambiar con la llegada del demócrata Joe Biden. Sin hacernos demasiadas esperanzas, igual que reafirmamos “imperio es imperio” decimos “algo es más que nada”, en un proceso de negociación de largo aliento que pueda levantar las sanciones, sin entregar soberanía nacional.

Consideraciones finales

Es claro que, por un lado, este tipo de decisiones de la Casa Blanca muestra la poca coherencia de su política injerencista sobre Venezuela. Por otro lado, deja ver -una vez más- que los intereses sobre el país caribeño son hacerse de los abundantes recursos naturales, en especial el petróleo, imponiendo por cualquier medio un presidente “títere”, como Guaidó, aunque bien podría ser cualquier otro nombre, siempre que sea funcional a Washington.

Al respecto, si bien el actual presidente norteamericano continúa reconociendo Guaidó como “presidente interino”, ya varios parlamentarios y líderes políticos estadounidenses le han quitado ese inmerecido título. Incluso el inquilino demócrata de la Casa Blanca, ha puesto un ultimátum a Guaidó y lo ha forzado a pedirle a Maduro una silla y una mesa para negociar. Es poco probable que, en su momento de mayor debilidad y menor apoyo político, Guaidó consiga alcanzar la meta que le ha puesto Estados Unidos: elecciones presidenciales antes del tiempo reglamentario (2023).

Finalmente, es cierto que la inversión extranjera directa es necesaria, por ejemplo, para la exploración, explotación y exportación de crudo venezolano, incluso lo es para el mantenimiento de un complejo aparato industrial petrolero venido a menos, pero la ayuda de Estados Unidos no vendrá sin pedir nada a cambio. En resumidas cuentas, como hemos visto, EEUU usa el ilegal e inhumano bloqueo comercial y financiero contra Venezuela, solo en lo que afecta a la nación suramericana porque para sus negocios importantes allí siempre, incluso con Trump, ha habido excepciones o un “bloqueo selectivo”.

* Micaela Ovelar, politóloga e internacionalista argentina-venezolana. 

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