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Los controles de precios y las fantasías del libre mercado

Los cuestionamientos de la ortodoxia no logran salir de la dicotomía imaginaria entre precios libres y precios controlados, como si no hubiera contenidos políticos en todos los precios.

Opinión 27 de octubre de 2021 Nicolás Dvoskin
CONTROLES DE PRECIOS - HORACERO
¿Es posible el control efectivo de precios?

image3344Por Nicolás Dvoskin*

En las últimas semanas, la nueva gestión de la Secretaría de Comercio, a cargo de Roberto Feletti, relanzó políticas activas de controles de precios de bienes de consumo masivo, principalmente alimentos. Por un lado, se hicieron acuerdos con las principales empresas productoras de alimentos y con los supermercados para asegurar un congelamiento de los precios de centenas de productos hasta fin de año. Por el otro, se instrumentaron acuerdos con provincias y municipios para enviar cuadrillas de fiscalización de esos precios a los comercios.

Frente a ello, apareció la economía ortodoxa con toda su artillería mediática a cuestionar la medida, refiriendo tanto fracasos de políticas similares en el pasado como errores conceptuales en la propia propuesta. Sin embargo, estos cuestionamientos, en general superficiales, no logran salir de la dicotomía imaginaria entre precios libres y precios controlados, como si no hubiera contenidos políticos en todos los precios de la economía.

El sentido común económico que propaga el pensamiento ortodoxo suele deificar al libre mercado a partir de la glorificación de los precios libres como naturales y apolíticos, como si el poder, como ente extraeconómico, solo existiera en el Estado y su intervencionismo desnaturalizador, mientras que sin Estado los precios serían los “verdaderos”. En el fondo, vale volver a Michel Foucault y a un mercado que ante todo produce verdades y así como el Estado no puede modificar la ley de gravedad, tampoco podría hacerlo con la ley de la oferta y la demanda.

Si salimos de esa fantasía, llegamos a planteos mucho más incómodos: todos los precios se administran o se politizan de alguna manera, a veces de manera más explícita, a veces menos. Pero incluso dejando de lado la administración y la politización privadas, y focalizando solo en el Estado, las formas de esta administración y politización son múltiples y están mucho más presentes que lo que a veces registramos.

Así, hay precios permanentemente administrados, como los de los servicios públicos o la energía y hay precios sobre cuyos costos se interviene todo el tiempo a partir del tipo de cambio, los aranceles o las retenciones. Hay bienes provistos por el Estado, obviamente a un precio administrado (que a veces es gratuito) o por empresas cuya operación es una concesión directa del Estado. Hay otras empresas que tienen al Estado como su principal comprador, donde los precios, de nuevo, están administrados.

Si todos estos precios se alejan en mayor o menor medida del libre juego de la oferta y la demanda, pero a su vez integran los costos de producción de otros aparentemente libres, en el fondo no hay ningún precio enteramente libre. En todo caso, son múltiples las injerencias, las fuerzas, las tensiones que llevan a que un precio sea el que es. El control de precios en términos policiales, como hemos visto en los últimos días, no es otra cosa que una exacerbación de mecanismos habituales.

Agreguemos ahora de nuevo el ejercicio del poder por parte de actores no estatales y llegaremos rápidamente a la conclusión de que la noción de “precios verdaderos” detrás de la naturalización de los mecanismos de mercado es una absoluta fantasía.

Volvamos entonces a los controles de precios. ¿Qué es lo que vienen a resolver? Una de las críticas que surgen es que son insuficientes para controlar la inflación. El problema, en realidad, es que el principal objetivo del control de precios no es bajar la inflación, sino incidir en la distribución del ingreso: los precios son un elemento central de la distribución y la inflación, de hecho, puede ser pensada como la consecuencia de una contienda irresuelta al respecto.

Congelar precios de algunos bienes de la canasta básica no va a frenar la inflación de una vez y para siempre, puesto que no desactiva, aunque sí quizás logre morigerar parcialmente, los mecanismos que la causan, pero sí puede tener una clara incidencia sobre la distribución del ingreso. El problema es que esto es muy difícil de medir.

Tomemos el caso del transporte público de pasajeros. Recientemente se publicaron informes que sostienen que el “precio verdadero” de un boleto de colectivo en la Ciudad de buenos Aires es de 150 pesos, entre cinco y siete veces más que los precios vigentes. La diferencia estaría en el subsidio estatal. Más allá de cualquier discusión sobre cantidades, lo interesante es que en esa cuenta lo único no verdadero, o falso, sería la incidencia del subsidio. Otros elementos del costo, o de la ganancia, no aparecen en esa discusión.

Ahora bien, si el subsidio permite que el pasaje sea mucho más barato, este es recibido por los pasajeros y no por las empresas. Es una transferencia de recursos que incide sobre la distribución del ingreso en beneficio de quienes viajan en colectivo. Sin embargo, presumiblemente un costo del boleto mucho más caro podría llevar a que las empresas tengan que pagar sueldos más altos a sus trabajadores, con lo que también podríamos sostener que parte de ese subsidio es apropiado por las empresas, que pueden pagar salarios más bajos porque el costo del transporte de sus empleados está subsidiado.

A su vez, que las empresas paguen salarios más bajos también puede incidir sobre los precios de venta de sus productos, con lo que parte de los frutos del subsidio al transporte son apropiados por los consumidores de los productos elaborados en empresas cuyos trabajadores tienen subsidiado el transporte. Este argumento puede seguir infinitamente.

Más allá de la incomodidad que esto puede generar en aquellos que son subsidiados sin saberlo, el problema es que la distribución del ingreso termina siendo el resultado. La intervención estatal sobre precios, con múltiples métodos, se conjuga con las también múltiples intervenciones no estatales. El resultado distributivo estará dado por la correlación de fuerzas. Si un subsidio a un sector consumidor de algo se traduce en un aumento de precios extraordinario, este puede terminar siendo apropiado por su proveedor, como se ha visto y denunciado respecto del PreViaje para la temporada de verano 2022.

Si los precios son costos y los costos inciden sobre precios, pero a su vez el resultado final de esa mecánica da cuenta de la distribución del ingreso, entender el fenómeno en su totalidad implica comprender la conformación de esas cadenas de costos y precios. En particular, implica conocer los nodos problemáticos de cada una de esas cadenas. Desde el punto de vista del gobierno, conocer estas cadenas de valorización permite saber qué márgenes de beneficio son discutibles y con qué herramientas. Es decir, si la distribución del ingreso es el resultado de múltiples fuerzas, intervenir sobre ella con objetivos redistributivos requiere conocer cuáles son esas fuerzas. La inflación, como expresión de los conflictos distributivos irresueltos, se propaga por sobre esa cadena.

Entonces, los acuerdos de precios de bienes finales, al no operar sobre la totalidad de la cadena, necesariamente serán insuficientes como medida antiinflacionaria, pero dependiendo de su integración, negociación y control pueden ser positivos como medida redistributiva. Si agregamos, a su vez, los efectos sobre cantidades (la posibilidad de que estar en los acuerdos aumente las ventas) podemos llegar a resultados sociales de redistribución que no disminuyan las masas de ganancia. Para que efectivamente funcionen como medida antiinflacionaria es necesario que la administración de los precios tome un carácter integral, conozca las cadenas de valor en su totalidad y encuentre las herramientas de intervención en cada uno de sus nodos.

Por último, cabe mencionar la eterna paradoja de la ortodoxia, que supuestamente se opone a los controles de precios pero no tiene problemas en reclamar la baja de uno de los más importantes: el salario. Congelando salarios es relativamente sencillo bajar la inflación. Si le agregamos la posibilidad de congelar el tipo de cambio a un valor suficientemente bajo (lo cual, en todo caso, requerirá endeudarse), aun más. El problema es que esa baja de la inflación no es otra cosa que la resolución del conflicto distributivo como derrota de los trabajadores.

Por eso es que para implementarse estas medidas siempre necesitaron una correlación de fuerzas favorable, sea con la represión de la dictadura o con el desincentivo desde el Estado a la negociación colectiva en períodos democráticos. La pregunta es cómo hacer para bajar la inflación y mejorar la distribución del ingreso a la vez. Eso necesariamente tiene que implicar, por lo menos en el corto plazo, una reducción de las tasas de ganancia. La posibilidad de hacerlo depende, nuevamente, de las correlaciones de fuerzas. Los acuerdos y controles de precios solo serán satisfactorios sí se implementan atendiendo tanto a las especificidades de cada cadena de valorización como a las relaciones de poder que en ellas se expresan.

Si, como decía el exsecretario de comercio y actual ministro de producción bonaerense Augusto Costa, todo precio es político, la intervención sobre los mismos debe reconocer ese carácter e intervenir desde la propia política, pero no apelando a la solidaridad de los empresarios o a criterios que busquen naturalizar precios diferentes a los actuales, sino transparentando la dimensión política de todos los precios y discutiendo con las pretensiones de verdad de los precios libres que se promueven desde las plumas ortodoxas en todos los medios de comunicación.

*Economista y Politólogo, Asesor Legislativo en Temas Económicos - Conicet

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