Las imágenes y sonidos de una reunión mantenida durante el gobierno de Maria Eugenia Vidal entre funcionarios provinciales, el intendente platense Julio Garro, el legislador Juan Pablo Allan y representantes del sector privado terminaron de dar veracidad a la idea de la existencia de una mesa judicial cuya finalidad era perseguir opositores políticos, sociales y, en el caso puntual, gremiales.

Si causas como la que mantiene prófugo al operador Pepín Rodríguez Simón dieron cuenta de esta práctica en la órbita nacional, por primera vez aparecen pruebas de que en la provincia de Buenos Aires también existía. Las pruebas fueron halladas en la AFI y motivó la presentación de una denuncia en sede policial por parte de su interventora Cristina Caamaño.

Los funcionarios provinciales que aparecen en el registro del encuentro s quienes entonces se desempeñaban como ministro de Trabajo Marcelo Villegas, el subsecretario de Justicia Adrián Grassi y el ministro de Infraestructura provincial, Roberto Gigante.

El sector privado está representado por Marcelo Jaworski, Director General de COPETRO; Fabián Cusini, constructor y organizador inmobiliario, presidente de AGRINECO; Fernando Sacrachi, Director de ACIP; Guillermo Moretto, Presidente del Colegio de Arquitectos de La Plata.

La frase que copó los trending topics en las redes sociales fue la afirmación de Villegas  “si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”. También sobresalieron los planteos del mismo Villegas “tengo que modificar la ley 10.430, sacarles estabilidad a los empleados públicos de la provincia, cosa que por ahí dentro de 100 años un nieto mío lo vea” y de Garro pidiendo ” hablar claramente con la bala arriba de la mesa y contar lo que nos pasa”. Hasta el momento ninguno de los involucrados realizó ningún tipo de aclaración ni descargo al respecto.

Pero más allá de las frases en cuestión, lo que el video pone en evidencia es la existencia de una coordinación entre una parte del sector privado, los ejecutivos de dos instancias, provincial y municipal, aunque Garro afirma que el nacional también está en eje y, también según lo dicho por funcionarios, el Poder Judicial.

Luis Arias fue juez de la provincia y hoy es Concejal en La Plata, el distrito gobernado por Garro. En diálogo con Canal Abierto anunció que “de conformidad a la Ley Orgánica de las Municipalidades, vamos a impulsar una comisión investigadora en el ámbito del consejo para que evalúe la responsabilidad de Julio Garro y su eventual de destitución por encabezar la mesa judicial que procuró avasallar estos derechos laborales intentando también contra las organizaciones sindicales”.

“Esperamos que los concejales del oficialismo hagan valer su auto proclamada vocación republicana acompañando esa iniciativa y llevar adelante una comisión investigadora que evalúe la responsabilidad del intendente y su eventual destitución para terminar por todas con estas prácticas mafiosas que tanto daño han causado a las instituciones democráticas durante la gestión de Cambiemos”, agregó.

El titular de ATE Nacional Hugo “Cachorro” Godoy manifestó que el hecho “demuestra una vez más el carácter profundamente antiobrero, ilegal y persecutorio del gobierno de Macri a nivel nacional, y de Vidal en la provincia de Buenos Aires”.

Télam - Canal Abierto / HORACERO