El último día de 2021 trajo, aunque infantilmente se buscó que no tuviera resonancia, una muy desagradable sorpresa: con la firma del Ministro de Ambiente, Juan Cabandié, se dio piedra libre a la actividad petrolera en el Mar Argentino. Otro disparate en favor de multinacionales que cuidan sus costas y bienes naturales pero aquí destruyen todo, bienvenidos por ínfimas minorías funcionariales.

Este tipo de procedimientos, típicamente menemistas, prenuncia que habrá más entregas, las firme quien las firme. Como que el dragado en el Paraná ha vuelto a manos de las mismas empresas, ahora disfrazadas con banderas, dragas y personal argentinos. Y a esa indesmentible entrega hay que sumarle la cancelación de hecho del Canal Magdalena, fundamental para que la Argentina tenga continuidad fluvial-marítima.

Imposible no advertir que se está hartando peligrosamente a la ciudadanía democrática, al pueblo trabajador que todavía tiene trabajo y a las masas pauperizadas de este país hermoso que desde 2015 se ha venido degradando en todos los órdenes. Hasta hoy mismo.

Así, el cambio climático global provocado por el capitalismo desenfrenado ya deforestó casi 100 millones de hectáreas en Nuestra América. Sólo en el Gran Chaco Americano, la segunda superficie boscosa más grande del continente después de la Amazonía, se ha talado alrededor del 50% de la superficie, y la ley 26.331 bien gracias. Estamos entre los 10 países del mundo que más desmontaron en los últimos 40 años. Y las consecuencias, a la vista: cambiaron todos los ciclos pluviales y los drenajes, se expulsa a los pocos agricultores que resisten y encima tierras y aguas están envenenadas.

Y no es todo, porque nadie sabe cuánto más seguirá la infame corrosión de los intereses populares ni la pauperización de nuestro pueblo, estafado y condenado a niveles de miseria inadmisibles, con ya dos generaciones de chicos y chicas embrutecidos porque además la educación fue desnacionalizada (Menem lo hizo, y de hecho continúa) y desde entonces todos los buenos paradigmas de este país fueron arrasados y la pobreza del Gran Buenos Aires es hoy cruel y dura, ciertamente, pero la del país profundo es ya intolerable. Y encima escuchando el cuento de un federalismo que nadie en el poder siente ni quiere sinceramente.

La menemización actual no es nomás una traición que esta columna denunció semanas atrás. Está y se ve en la privatización, concesión y entrega de casi todas nuestras riquezas a la rapiña multinacional. Que a este paso nos va a dejar sin Patria, o sea sin Malvinas, Paraná, Patagonia, Antártida, Atlántico Sur, y sin riquezas subterráneas que sí podríamos explotar, y beneficiarnos, sin descuidar la naturaleza. La Argentina tiene todo para ello.

Por eso esta columna considera urgente y trascendente llamar también la atención sobre la emergencia judicial gravísima que vivimos, y de la que casi no se habla. Según uno de los más importantes juristas de la Argentina, el ex juez federal cordobés Miguel Rodríguez Villafañe, la designación de Daniel Horacio Rosatti para presidir la Corte Suprema está plagada de irregularidades porque "se originó en un movimiento interno, armado por el presidente saliente Carlos Rosenkrantz" el 23 de septiembre pasado, cuando a propuesta y voto de Juan Maqueda se autodesignaron ambos como presidente y vice de la Corte Suprema por tres años, o sea hasta octubre de 2024. De donde el actual presidente de la Corte (elegido por sólo tres votos ¡y uno de ellos el suyo!) tiene en este momento, en sus manos, la suma del poder público de esta república.

De lo que resulta –según R.Villafañe– que quien fuera designado inconstitucionalmente por un decreto de necesidad y urgencia, autoelegido como Presidente del Tribunal y ahora cabeza del Poder Judicial Nacional, "manejará los tiempos de los fallos de la Corte, decidirá sobre todas las resoluciones de los tribunales de Argentina que lleguen a la CSJN" y entre otras facultades adicionales "también presidirá el Consejo de la Magistratura, que selecciona y propone a los jueces; administra los recursos y ejecuta el presupuesto de la administración de justicia, ejerce funciones disciplinarias sobre los jueces y, eventualmente, los puede destituir". De ahi que considera "inaceptable que Rosatti tenga la suma del poder público judicial, porque rompe el equilibrio de los poderes, no cuenta con aval democrático alguno y, sin embargo, puede decidir sobre las cuestiones fundamentales del país".

Y todavía hay más, y de no menor gravedad: Rosatti ha quedado en el primer puesto de la línea de sucesión presidencial en caso de acefalía. Y además, por el artículo 59 de la CN, le tocaría presidir la Cámara de Senadores en caso de que en Diputados se dispusiera juicio político al Presidente.

O sea que quien fue designado inconstitucionalmente por un decreto de necesidad y urgencia de Mauricio Macri, y ahora se autoelige como presidente de la Corte, es la máxima autoridad del Poder Judicial Nacional. O sea quien maneja los tiempos de los fallos y decide sobre todas las resoluciones de los tribunales del país. Y por si fuera poco, también preside ahora el Consejo de la Magistratura.

Y no es fantasía ni exageración: este gobierno paralelo de tres jueces se perfeccionó hace poquito en Rosatti cuando firmó el fallo de la Corte del 16 de diciembre de 2021 por el que se declaró la inconstitucionalidad de la ley 26.080, sentencia de la cual surge el nuevo Consejo de la Magistratura de 20 miembros que se ordena constituir y que presidirá el Presidente de la Corte. O sea él.

Todo esto suena increíble, porque es increíble. Y bochornoso, pero sobre todo peligrosísimo para la estabilidad de la democracia y la paz en esta república.

Es inadmisible que un juez acapare la suma del poder público judicial y rompa así el equilibrio de poderes. La urgencia de modificar esta situación hace imperativo el reordenamiento de la Corte y del Consejo con criterios y espíritu democráticos y republicanos.

Y no se vale el pretendido "argumento" macrista de que el Senado de la Nación les dio acuerdo seis meses después, en junio de 2016. La sola aceptación de su nombramiento irregular y en contra de lo dispuesto por la Constitución Nacional descalificaba a Rosatti y Rosenkrantz para custodiar luego las leyes.

De esto no se habló –ni se habla– casi nada en esta república judicialmente destartalada. Donde distraen al pueblo los medios del sistema mentidor y las 24 horas del día vomitan parrafadas tendenciosas pero vacías ex periodistas que hoy la van de analistas en la telebasura. Por más ruidoso silencio que se haga desde la Casa Rosada, esto está mal.

Y es por eso que para esta columna es prédica fundamental que el pueblo argentino pueda darse una Nueva Constitución Nacional, sin límites ni condicionamientos políticos ni de corporaciones.

A la par del rechazo a la privatización y extranjerización del río Paraná, que está concretándose de manera ominosa y antipatriótica, ésta es, qué duda cabe, la tarea para 2022.

Columna de opinión publicada en Página 12 y reproducida con autorización de su autor