Vivimos momentos absolutos de libertad individual. El contenido de libertad quedó ligado a la defensa de un interés personal transmutado como un derecho aislado y no contextualizado. Es la libertad de un individuo solitario, extraído de su tejido social, una libertad a pesar del otro, de ese otro que no solo son humanos sino también las otras vidas en el planeta. 

La libertad de empresa implica ese concepto, donde el humano individual se limita solo a defender sus intereses materiales. Su emprendimiento, su trabajo o su empresa se transforman en un valor absoluto en el que no cabe el bienestar del otro.

Los empresarios cuando opinan sobre los derechos de sus trabajadores, apelan al concepto medieval de servidumbre que modernizado induce a que, entre él y sus trabajadores debe haber confianza y solo ella, la confianza, sería la base incondicional ante cualquier reclamo de derechos o reivindicaciones. El patrón pretende ser también el delegado laboral al que se debe rendir pleitesía.

Estas épocas tienen otras aristas concurrentes, una de ellas es el cómo se fue construyendo el rol de un conjunto de dirigentes gremiales. Se limitan ideológicamente a las reivindicaciones económicas enmarcadas en una discusión paritaria. 

En casi ningún caso los trabajadores y trabajadoras debaten cómo participar del proceso de producción y ganancia empresarial. Los empresarios poseen la tranquilidad de que luego del acuerdo paritario, ellos pueden manipular los costos y ganancias a su antojo. Es una forma más de volver a apropiarse de los salarios de sus empleados.

El Estado también hace sus aportes a esta corriente apropiatoria en el sentido de convalidar la licitud del ladrón permitiendo en sus propias esferas la contratación de personal con bajos salarios, sin derechos a la salud, con aportes jubilatorios indecentes, tratan a los “contratados” por el Estado con la misma lógica del empleo en negro empresarial, pero con el beneficio cultural neoliberal de “disminuir” la desocupación en el país.

Reafirman de esta manera, que el pobre debe conformarse con lo que le sobra al rico y para ello se necesita de gobernantes que sólo accionen en los intersticios que el poder empresarial les permite.

Los legisladores hacen su aporte para esta legalidad, trasmutan el voto y el mandato popular.

Desde sus bancas no contemplan y hasta niegan la posibilidad de sostener ese mandato que los eligió. Utilizan la excusa de un paradigma neoliberal llamado gobernabilidad.

Los poderes legislativos no son el reflejo de las necesidades populares y mucho menos de sus mandatos, ellos desarrollan y legislan para un grupo reducido de sus electores que son empresarios, ganaderos, agricultores, exportadores o bancos.

La otra variable necesaria es el Poder Judicial, por ser el sector más permanente que garantiza el sostenimiento de los privilegios. Se sostienen Cortes supremas vitalicias como si tuvieran un mandato divino, celestial. Cortes supremas que avalaron a dictaduras y encubrieron a asesinos de militantes populares.

Todo esto cierra hegemónicamente con el rol empresarial de los llamados medios de comunicación que manipulan el sentido común, los valores de verdad y los adecúan a estos intereses. 

Es necesario conocer que los gobiernos de las democracias actuales no surgen de la nada, sino que tienen una historia. En Argentina, la llegada a este estilo de democracia no fue consecuencia de un triunfo de la lucha popular contra la dictadura cívico eclesiástico militar, sino que fue un hecho político organizado por el centro del poder imperial radicado principalmente en EEUU.

Si usted no confía en mis palabras, puede remitirse a los Documentos Santa Fe II (1), en ellos la CIA planifica las estrategias de las “nuevas democracias” para América Latina, al igual que en años anteriores planearon los golpes de estado sangrientos en nuestro continente tal como están reflejados en los Documentos Santa Fe I (2). 

En los aludidos documentos Santa Fe II hablan de dos tipos de poderes a desarrollar en nuestros países, en los cuales deben sustentarse estas “democracias”, describen un poder permanente y otro poder temporal. 

El primero, el permanente, estaría conformado por el empresariado que impondría su estrategia política en base a sus intereses económicos y el segundo, el temporal, serían los gobiernos electos que deberían someterse a esa estrategia corporativa, de ahí su condición de poder temporal.

Nuestras democracias son observadas desde los centros económicos como subterfugios relativos, para aplicar las estrategias empresariales globales.

Recuerden aquella famosa frase de Magneto -el enérgico mandamás mediático argentino y operador continental de ese poder permanente- que, dirigiéndose a la figura presidencial, expresó “ese es un puesto menor”.

En los años 80, nuestras fuerzas democráticas que estaban devastadas por la desaparición de más de 30000 cuadros políticos no tuvieron incidencia en lo que se dio en llamar la “recuperación democrática”, hecho que sí aprovecharon cuantiosamente los sectores vacilantes de los partidos políticos tradicionales y de las derechas pro-norteamericanas nativas. 

Ellos no habían sufrido pérdidas en la dictadura, sino que fueron -en muchos casos- colaboradores de ella, y además enviaron a sus cuadros a educarse a Harvard y otras universidades del núcleo de poder norteamericano y europeo.

En este contexto es que se construye la actividad legislativa, judicial y gubernamental de nuestros países. Aun así, la resistencia de los pueblos ha impedido políticas de agresión popular más profundas.

Quizás en este marco es entendible el rol que juegan muchos de nuestros legisladores en los recintos. Ellos son “electos” con el aporte de una sensible manipulación del poder mediático que los transforman en objetos negociadores de haciendas económicas. 

Una gran cantidad de los legisladores son operadores políticos del poder empresarial y otros son vacilantes y posibilistas que juegan el rol de contadores de porotos legislativos para negociar los diferentes intereses empresariales.

Un ejemplo concreto es la famosa “ley de humedales” caída en la ignorancia legislativa por la operación de sojeros, arroceros, forestadores y exportadores de varias provincias.  

Otra fue la ley de medios construida popularmente durante muchos años de debate, fue destituida por acción del poder judicial y luego sepultada por decreto presidencial. Todo ello acompañado por un premio a su labor al monopolio mediático consolidando su poder mediático empresarial.

Ese poder permanente no necesita ni promociona una vida social en democracia, utiliza las herramientas de este estilo de democracia para legitimar y profundizar sus intereses políticos y económicos.

Esa es la licitud del ladrón, es dar legalidad al robo de las riquezas de todo un país y construir como culpables y peligrosos a los sectores populares y para ello están las cárceles, no para el ladrón.

A esta democracia es esencial transformarla para poder revertir la impunidad del ladrón. Es tarea nuestra construir una nueva Constitución Nacional para caminar hacia una democracia participativa y no sólo representativa.

Es ineludible crear una nueva Constitución Nacional que garantice la vida digna de todos nosotros, proteja nuestro suelo y subsuelo, cuide nuestros alimentos, cuide el agua que bebemos. 

Es necesario que desarmemos el violento imperio del ladrón.

 __________________________

Vínculos para leer los documentos de Santa Fe de EEUU. 

(1) http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/document/docstfe2_00.htm

(2)  http://www.offnews.info/downloads/santafe1.PDF