El fiscal Federal Diego Luciani, en una sobreactuación para los medios opositores, denunció la existencia de una asociación ilícita institucional encabezada por la vicepresidenta Cristina Kirchner en la adjudicación de obra pública en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.

La acusación tiene más color de humo para la tribuna que de verdadero volumen jurídico. Tal como explica hoy el periodista Tuni Kollman en Página 12, el fiscal repitió minuciosamente y de manera vehemente la acusación inicial en el caso de las rutas de Santa Cruz. Sostuvo que las licitaciones fueron ficticias y que incluso contaron con la complicidad de otras empresas nacionales -mencionó a Esuco, del presidente de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner, y enemigo de Lázaro Báez, y Petersen, de la familia Esquenazi- que, según dijo, simularon presentar ofertas o sea habrían sido colaboradoras de un delito, pero que nunca se las imputó de nada. 

Desde el punto de vista judicial, Luciani sobreactuó la acusación inicial esencialmente para la tribuna mediática-política-judicial. Su problema más serio será demostrar que hubo alguna instrucción, alguna nota, alguna firma indebida para beneficiar a Báez. No será fácil porque todas las licitaciones se hicieron en Santa Cruz, igual que las adjudicaciones y el control de las obras. No intervinieron autoridades nacionales. A eso -según dijo- dedicará buena parte de las nueve audiencias. 

“Es imposible demostrar la existencia de una organización criminal. Además de las dudas producidas en el debate sobre los sobreprecios, encontramos una absoluta orfandad probatoria al momento de probar una asociación ilícita”, sostuvo el abogado Leandro Ventura.

La UIF solo pidió penas menores para los funcionarios de vialidad de Santa Cruz por considerar que incumplieron sus funciones porque informaron que las obras en la provincia estaban terminadas cuando en rigor no fue así.

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