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Los bastones largos del gobierno de Rodríguez Larreta

La administración de Rodríguez Larreta para amedrentar a las familias de las y los estudiantes que participan en las tomas de las escuelas manda uniformados a sus hogares.

Noticias 29 de septiembre de 2022 Redacción HC
PRTESTA ESTUDIANTIL
Foto: Eliana Obregón

A pesar de la propaganda oficial del gobierno de Rodríguez Larreta sobre la inversión educativa, madres y padres de estudiantes participan de tomas en escuelas secundarias para pedir que se invierta en esculeas y colegios que ven mermada las partidas presupuestaria y una gran desinversión.

Mientras ocurrían las tomas, las familias de estudiantes que participan en la protesta recibieron notificaciones en las que se les informó que esa acción infringe el artículo 60 del Código Contravencional porteño. Frente a esta intimidación se alzaron diversas voces denunciando que esto constituye un acto de "criminalización de la protestas" que "persigue al que piensa distinto".

Las tomas en las escuelas de la Ciudad en reclamo de viandas, infraestructura edilicia y por prácticas en empresas, se multiplicaron mientras diversos organismos de defensa de los derechos de los niños y adolescentes pidieron el inicio de un canal de diálogo y el cese del hostigamiento a les estudiantes y sus familias.

De acuerdo al Ministerio Público de la Defensa (MPD), llegaban a 21 los colegios tomados, mientras que las familias comenzaron a organizarse a través de diferentes organismos y abogados para responder a las advertencias de denuncias penales y contravencionales que les llegan a sus domicilios a través de la Policía de la Ciudad.

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"Esta no es la primera vez que hay tomas en escuelas porteñas, pero no hay antecedentes de una respuesta tan hostil de parte de las autoridades; no tiene sentido que se haya hablado de denuncias penales cuando no hay ninguna posibilidad de darles un encuadramiento penal a las tomas", dijo Marcela Millán.

La funcionaria destacó que los padres se han ido acercando al MPD a medida que recibían las notificaciones; aunque "no tenemos todavía una aproximación de la cantidad de familias notificadas entendemos que vamos a estar hablando de una cantidad muy importante de acuerdo a las dimensiones del operativo montado por el Gobierno de la Ciudad a través de la Policía de la Ciudad".

Millán también dijo que "tampoco se justifica haber puesto efectivos policiales en la entrada de los establecimientos educativos a tomar lista de quienes ingresan, y mandar a la policía a las casas de las familias a labrar las notificaciones", lo que consideró "un acto violento que nunca había pasado antes".

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El secretario de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación, Gabriel Lerner, dijo que el conflicto sucede "porque no se habilitan mecanismos institucionales de diálogo permanente, de participación en los chicos y las chicas al menos como de forma consultiva en la conducción de las escuelas".

Lerner recordó que en 2018 estudiantes secundarios realizaron "ocupaciones pacíficas y actividades de protesta" en colegios porteños y las autoridades también realizaron denuncias a las familias "en la justicia penal y contravencional de la Ciudad, diciendo que eran autores junto con sus hijos de una contravención y de los perjuicios económicos".

"En aquel momento yo no era funcionario, no era secretario ni tenia ninguna función pública", dijo en declaraciones a Télam, pero como abogado especialista en derechos humanos y del niño las familias le pidieron que asuma la defensa técnica de los acusados.

"Allí señalamos que la imputación o la acusación parecía considerar a los adolescentes como objeto". planteó.

Los organismos se manifestaron en contra del gobierno

El asesor tutelar de Cámara, Gustavo Moreno, dijo que el gobierno porteño "se aparta la ley", que en su artículo segundo establece que esas prácticas no son obligatorias sino optativas y que los chicos deben estar acompañados por un adulto responsable.

Por su parte, la defensora de los Niños y Adolescentes de la nación, Marisa Graham, reclamó el cese del hostigamiento y amedrentamiento del gobierno porteño hacia los estudiantes y sus familias y pidió informes al Ministerio de Educación sobre los canales de diálogo que está implementando para que los estudiantes puedan ser escuchados.

Referentes políticos, sociales y de derechos humanos manifestaron su rechazo y preocupación por el accionar del gobierno porteño que este martes por la noche envió efectivos de la Policía de la Ciudad a las casas de las familias de los estudiantes que realizan tomas en escuelas públicas, para notificarlos que deberán pagar de $1,5 millón por cada día de toma.

La defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, María Rosa Muiños, pidió que haya diálogo entre el Gobierno porteño y los estudiantes".

"De hecho, la Defensoría hizo un operativo esta semana visitando colegios secundarios de gestión pública para ver el estado de la infraestructura y en algunos no nos permitieron ingresar argumentando que tenían una nota del Ministerio de Educación que lo prohibía", argumentó.

Además, Muiños sostuvo que "el Gobierno porteño considera que tanto la salud como la educación tienen que ser cogestionadas con el sector privado y que eso los exime de responsabilidad".

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REPUDIO DEL CELS

En tanto, el CELS alertó que las medidas del Ejecutivo local "cumplen con el rol de atemorizar y debilitar la organización de las protestas".

"La campaña del Gobierno de la Ciudad para amedrentar a estudiantes y familiares que participan en las tomas de las escuelas continuó ayer con policías en patrulleros que fueron a notificar a los jóvenes denunciados a las puertas de sus casas", expuso la organización en un hilo de Twitter.

Además enumeró las "medidas intimidatorias" del Gobierno porteño a lo largo de la semana.

"La primera fue amenazar en los medios de comunicación con hacerles denuncias penales a padres y madres de les alumnes", sostuvo, mientras otra de ellas fue el pedido a la Procuración General por parte de la ministra de Educación Soledad Acuña de exigir "que les padres y madres del colegio Mariano Acosta paguen un millón y medio de pesos diarios el tiempo que dure la toma".

En tanto, "les alumnes del Lenguas Vivas, Lorca y Liceo 5 denunciaron el martes que en las cercanías de las escuelas, policías les pidieron identificación e información sobre docentes y sobre lo que sucedía en las tomas", continuó la publicación.

"Aunque estas medidas no sean viables jurídicamente, cumplen con el rol de atemorizar y debilitar la organización de las protestas. Estas estrategias implican restringir derechos y legitimar la respuesta estatal violenta", concluyó.

Al respecto, el director del Área de Litigio y Defensa Legal del centro estudiantil, Diego Morales, dijo que le parecía "absolutamente inviable" que el gobierno porteño pueda tomar acciones legales contra los padres de los adolescentes, pero "este martes a la tarde nos enteramos que efectivamente se pasó al acto".

Por su parte, el diputado nacional del FDT, Leopoldo Moreau, sostuvo: "Macri dice que el liderazgo debe bancar muertos para imponer un modelo económico. Bullrich promete bala a troche y moche. Larreta manda previo trabajo de inteligencia a la Policía de la Ciudad a la casa de los estudiantes secundarios que están protestando. La democracia de luto".

Para el diputado Leandro Santoro, el alcalde porteño "miente" y dijo que no solo "los colegios están tomados", sino que también los hospitales "están de paro por conflicto con médicos, enfermeros y todo el personal de salud".

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"No es una `protesta partidaria` es una política de desinversión social deliberada. Ahora, dinero para publicidad sobra", remarcó.

La diputada porteña Victoria Montenegro también manifestó anoche su preocupación en su cuenta de Twitter: "La Policía de la Ciudad presentándose esta noche en las casas de los/las estudiantes que protestan por mejoras en el sistema educativo es más que preocupante. Larreta cada día más autoritario".

En tanto, el diputado Rodolfo Tailhade manifestó su repudio al difundir un video en el que denunció que el fiscal general de CABA, Juan Mahiques, es parte de "una familia del lawfare que le cuesta una fortuna al Estado" y sólo persigue "a dirigentes populares".

"El responsable de las razzias fascistas que anoche perseguían, intimidaban y amenazaban a los padres de los estudiantes secundarios en conflicto es el fiscal general de CABA, Juan Mahiques. Acá les dejo una pequeña muestra de todo el daño que viene haciendo junto a su familia", publicó.

Desde la Izquierda, la diputada del Frente de Izquierda (FIT) Myriam Bregman denunció que el jefe de gobierno porteño "usa a la justicia como un apéndice de su gabinete" y añadió: "Ahora están intimidando a las familias de los pibes y pibas que tomaron colegios, los amenazan con cobrarles millones. Cuando los ruralistas entraron a la ciudad con sus tractores los aplaudió. Organicemos ya el repudio".

"La exagerada y represiva respuesta del gobierno de la Ciudad frente a las tomas de colegios logró sacar la atención del reclamo: el escándalo de las viandas (en cantidad y calidad), el estado de las escuelas y el trabajo gratuito al que quieren someter a las y los estudiantes", agregó esta mañana en otro tuit.

Desde la agrupación Hijos por la Identidad, la Justicia, contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.) consideraron "absolutamente repudiable la persecución de Larreta a estudiantes y sus familias en lucha".

"Le hablan de derechos y responde con Policía, para la misma que la Ciudad pretende concretar el uso de picanas portátiles (taser)", expresó la organización de derechos humanos.

PROTESTA EN LAS ESCUELAS

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) repudió "la persecución del Gobierno de la Ciudad a estudiantes y familias" al tiempo que cuestionó que efectivos de la Policía porteña sean utilizados "para identificar, hostigar e intimidar a los estudiantes y sus familias".

"Desde la Ctera repudiamos la persecución del Gobierno de la Ciudad a estudiantes y familias, con el objetivo de intimidar a los jóvenes que están ejerciendo su derecho a la protesta", se pronunció la entidad gremial a través de un comunicado.

Además, la confederación que reúne a los gremios docentes del país advirtió que "la utilización de efectivos de la Policía de la Ciudad para identificar, hostigar e intimidar a los estudiantes y sus familias nos retrotrae a épocas oscuras del país y va en contra del espíritu democrático".

En su declaración, Ctera cuestionó también a la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, por "utilizar los medios de comunicación para estigmatizar, perseguir y amenazar con sanciones y denuncias penales a los adultos" en vez de "convocar al diálogo y escuchar el reclamo de los estudiantes".

"Los estudiantes, en su legítimo derecho, reclaman mejoras en la cantidad y calidad de las viandas, infraestructura y mobiliario escolar, el trabajo estudiantil en condiciones precarias, entre otras problemáticas", manifestó la organización en un escrito que lleva la firma de Sonia Alesso y Roberto Baradel, secretaria general y secretario adjunto.

Agencia Télam - Fotos Eliana Obregón / HORACERO

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