Las tres comunidades Mocovíes de San Javier y la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, presentaron una denuncia ante la fiscalía federal de Reconquista, solicitando la apertura de la investigación por el Derecho a la Verdad sobre los hechos ocurridos el 21 de abril de 1904, en esa localidad.

Desde la Secretaría y con la presencia integrantes de las comunidades señalan que "a más de 100 años de la masacre, porque nuestra historia nos interpela, seguimos pidiendo Verdad y Justicia".

LA DENUNCIA

El texto de la denuncia presentada y dirigida al Fiscal, lleva las firmas de Ángela Leonor Lanche, Cacica de la Comunidad Layik Ra’Apiguin, Néstor Amado Lanche, Referente de la Comunidad 21 de Abril,  Juio Ricardo Lanche, Referente de la Comunidad Esperanza Viva de Colonia Francesa y Lucila Puyol por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe.

El escrito dice: "Venimos por este acto a formular DENUNCIA PENAL, por los hechos ocurridos en la localidad de San Javier, Provincia de Santa Fe, el día 21 de abril de 1904, que consistieron en la persecución, represión y matanza a integrantes del pueblo Moqoit, todos crímenes de lesa humanidad en el marco del genocidio contra los pueblos originarios, llevado adelante en distintos puntos de nuestro país durante la conformación del Estado Nacional Argentino".

También agrega, "Consideramos que esta investigación, a más de cien años de ocurridos los hechos, es imprescindible para que la verdad jurídica refleje la verdad histórica, la que se viene trasmitiendo oralmente en nuestras comunidades, de generación en generación".

En otro párrafo se hace referencia al reconocimiento de casi todos los países del mundo que "la conquista, colonización, evangelización forzada y sometimiento a los que fueron reducidos los pueblos originarios de nuestra América" son "graves violaciones a los derechos humanos y, en los últimos años se han desarrollado normas jurídicas para el reconocimiento de los pueblos indígenas y el respeto a su identidad y su cultura".

REBELIÓN Y MASACRE

El escrito cita la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y luego de algunas consideraciones, entra en el relato de los acontecimientos que siempre fueron narrados de manera sesgada por la historia oficial.

Al respecto, dice la presentación que "El 21 de abril de 1904, mocovíes de la región liderados por caciques jóvenes y guías espirituales disconformes con la situación que vivían, despojados de sus tierras, hacinados en tolderías, imposibilitados de procurarse sus alimentos, llevaron adelante un levantamiento con el objetivo de recuperar el pueblo que alguna vez les había pertenecido. Dicho levantamiento fue caracterizado en la época como un “malón de indios”, como un ataque repentino e irracional, propio de un grupo de “salvajes”; este acontecimiento que fue públicamente conocido como “El Último Malón”, hace tiempo ha sido resignificado como “La Rebelión de 1904”."

CONFERENCIA DE PRENSA

Luego de haber presentado la denuncia en el juzgado Federal de Reconquista, las representantes de las tres comunidades Mocovíes y la Secretaria de Derechos Humanos, Lucila Puyol comentaron a toda la comunidad este importante acontecimiento en una conferencia de prensa en San Javier.

La presentación de esta denuncia patrocinada por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe que está enmarcada en el Derecho a la Verdad, por el cual las víctimas y sus familiares tienen derecho a “…conocer la verdad con respecto a los hechos que dieron lugar a graves violaciones a los derechos humanos…” y ello “implica que el derecho a la verdad acarrea la obligación de los Estados de esclarecer, investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables de los casos de graves violaciones a los derechos humanos, así como, dependiendo de las circunstancias de cada caso, garantizar el acceso a la información sobre graves violaciones de derechos humanos que se encuentren en instalaciones y archivos estatales”.  

Asimismo, las denunciantes entienden sumamente necesario destacar una segunda dimensión del Derecho a la Verdad, la dimensión social: la cual implica que “toda la sociedad tiene el irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo sucedido, así como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro”.

NA - HORACERO