El caso Larrabure no es delito de lesa humanidad

Derechos Humanos 27 de diciembre de 2018 Por
La Cámara Federal de Casación Penal dictaminó que las acciones realizada por militantes de organizaciones guerrilleras de los '70 no pueden considerarse de igual manera que los delitos cometidos por parte del Estado, debido a que no disponían de la suma del poder, ni del control territorial de una parte del país.
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Un fallo que termina con la teoría de los dos demonios

La Cámara Federal de Casación Penal declaró “inadmisible” el recurso presentado por el abogado de Arturo Larrabure para que se declare delito de lesa humanidad el secuestro y posterior muerte de su padre, ocurrido en 1975, a manos del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Este recurso pretendía instalar de nuevo la superada teoría de los "dos demonios".

Larrabure era mayor del Ejército Argentino y fue secuestrado el 11 de agosto de 1974, en el copamiento de la fábrica militar de Villa María. Estuvo secuestrado 372 días y apareció muerto el 19 de agosto de 1975 en Rosario. Los hechos fueron juzgados ese año, por esto es que se estaría cometiéndo un doble juzgamiento.

El fallo de Casación integrado por Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobuzzi, fue unánime al declarar inadmisible el recurso presentado por el abogado de la familia Larrabure. El intento de reabrir el proceso penal por la muerte del militar ya había sido rechazado en Rosario en primera instancia por el juez federal Marcelo Bailaque el 4 de diciembre de 2017, y el 31 de agosto por la Cámara Federal, tras una audiencia pública.

Gabriel Ganón, defensor del periodista conocido como Luis Mattini, en realidad Juan Arnol Kremer Balugano, dijo a la prensa: "Este fallo lo único que hace es ponerle el broche a una construcción social y política que ha realizado el pueblo argentino sobre la diferencia esencial que existe entre los crímenes de lesa humanidad y los delitos comunes que pueden cometer las organizaciones armadas o el pueblo sublevado, que son absolutamente distintos".

Luis Mattini, quien también fue asistido por Pablo Llonto, fue el último secretario general del PRT-ERP luego de la muerte de Mario Roberto Santucho

LA DISPUTA Y LOS FUNDAMENTOS

El corazón de la disputa jurídica fue si las acciones de las organizaciones armadas en los años '70 constituyen delitos de lesa humanidad. En una audiencia pública convocada por la Cámara Federal, el 21 de marzo pasado, Vigo Leguizamón llevó a familiares de personas "víctimas del terrorismo"  y apuntó a demostrar que Montoneros y el ERP tenían el control de algunos territorios del país en 1975, como así también apoyo estatal en Argentina y otros estados para realizar sus acciones. La participación del Estado es crucial para la configuración del delito. Todo ello fue rebatido por la Cámara Federal en la resolución del 31 de agosto pasado, con las firmas de Fernando Barbará, Elida Vidal, Jorge Gallino, José Toledo y Anibal Pineda.

El Estatuto de Roma indica que son delitos de lesa humanidad los que se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil. "Encontramos entonces que uno de los elementos de la categoría criminal que estamos tratando, entiendo que el central, de ninguna manera puede tenerse por presente en el caso de autos. Esto por cuanto claramente el mayor Larrabure (ascendido a teniente coronel en cautiverio y a coronel post mórtem) no fue ni pudo haber sido '...una población...' y tampoco era 'civil' sino militar y fue capturado en una unidad militar", escribió Barbará.

El mismo magistrado subrayó que "en cuanto a la cuestión del supuesto libre desplazamiento que en el territorio cordobés y en todo el país, habrían tenido los miembros del 'ERP', entiendo que carece de la menor entidad, desde que los propios elementos acompañados por la querella ilustran sobre la clandestinidad de los movimientos guerrilleros, como haber ido a Catamarca en un colectivo alquilado y haber tomado como base de operaciones para el ataque a la 'Fábrica Militar del Pólvoras y Explosivos' de Villa María, nada menos que un motel".

En el rechazo a los argumentos de Vigo Leguizamón, Barbará también planteó: "Idéntica falta de asidero le encuentro a las afirmaciones según las cuales las agrupaciones insurgentes habrían contado con algún apoyo estatal".

Al confirmar la resolución de la Cámara rosarina, en el fallo de ayer, el voto de Slokar retoma la resolución 158/07, del entonces Procurador General de la Nación Esteban Righi, donde concluyó que "no corresponde aplicar las categorías de delito de lesa humanidad o crímenes de guerra".

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Fuentes: Gabriel Ganón - Redacción Rosario - Rosario 12 / HoraCero

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