BRASIL: Poder militar y Democracia vigilada

Internacionales 17 de abril de 2018 Por
El tema de las relaciones entre el sector político (civil) y los militares arrastra graves problemas, nunca superados en la breve historia de la democracia en el vecino país. Esto explica, en gran medida, la militarización reciente de la seguridad en Río de Janeiro.
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Por Daniel L. Vaschetto*

LIDERAZGO BRASILEÑO EN EL PROCESO DE INTEGRACIÓN

Como es sabido, el gobierno de Lula Da Silva durante su gestión definió claramente como prioritario el aliento a los procesos de integración en la Región, asumiendo el rol de vocero de la misma en distintos foros internacionales. También bregó sin descanso por la inclusión de Brasil como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Objetivo que todavía no alcanzó.

Con ese fin promovió la formación de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y lideró la creación, dentro de la misma, del Consejo Suramericano de Defensa (CSD). Ambas acciones, pero en particular esta última, exigen una sintonía entre las visiones del Poder Ejecutivo, la Diplomacia (Itamaraty) y la cúpula de las Fuerzas Armadas.

Objetivos tan ambiciosos podían despertar suspicacias en cuanto a sus verdaderas intenciones, de parte de las naciones vecinas, dada la historia de expansionismo territorial del Brasil, a costa de las mismas.

LA POLÍTICA DE DEFENSA NACIONAL

Por eso era indispensable que Brasil explicitara su visión del mundo, sus prioridades estratégicas, en fin, lo que consideraba sus “intereses vitales”, para despejar dudas y temores que podían entorpecer las tratativas a encarar. Recordemos que esto no se había hecho hasta 1996, cuando el presidente Fernando Henrique Cardoso hace publicar el 1er Documento de Política de Defensa Nacional (DPDN) que en el parágrafo 1.3 decía:

“La política de Defensa Nacional, orientada para amenazas externas tiene la finalidad de fijar los objetivos para la defensa de la Nación, así como orientar la preparación y el empleo de la capacidad nacional en todos los niveles y esferas de poder, y con el involucramiento de los sectores civil y militar”.

Sin embargo mantenía la vigencia del art. 142 de la Constitución que habilita a las Fuerzas Armadas para intervenir en las cuestiones internas, confundiendo “seguridad pública” con “defensa nacional”, y sosteniendo aspectos de la vieja Ley de Seguridad Nacional (LSN. 1967).

CAMBIOS Y PERMANENCIAS EN LA POLÍTICA DE DEFENSA DE LULA

El gobierno de Lula Da Silva hizo redactar un nuevo documento, publicado en 2005, donde colocaba a la Defensa Nacional al servicio de la contención de amenazas “preponderantemente” externas, sin eliminar la posibilidad de su intervención en conflictos internos. A pesar de esto, este nuevo DPDN incorporaba cambios significativos, como la valorización de la “lógica de la confianza mutua”, resaltaba la importancia de participar en los “foros multilaterales” y rechazaba la guerra apostando a la búsqueda de soluciones pacíficas a las controversias.

Ahora bien, lo que ocurrió es que mientras a nivel de reuniones de Presidentes de la Región, reinaba un ánimo de avanzar en estos temas decididamente, no ocurría lo mismo cuando se trataba de operativizar estos objetivos en el terreno. Las Fuerzas Armadas brasileñas se mostraron cuando menos reticentes para la cooperación con sus pares de los países de la Región.

En el DPDN se definen claramente las amenazas para el siglo XXI: el conflicto por el agua dulce, la disputa por áreas marítimas, por fuentes de energía, y por el dominio aeroespacial. El problema amazónico es planteado como “muy sensible”, por la codicia que despierta su biodiversidad y enormes recursos naturales. Se puede verificar el abandono de las hipótesis de conflicto en la Cuenca del Plata (rivalidad con Argentina) habitual en la visión geopolítica de Golbery do Couto e Silva y durante el siglo XX en general, y su reubicación en el Norte (el “balcón” nordestino que es bisagra entre el Atlántico norte y el sur), y el Oeste, (frontera andino-amazónica).

También se añade la “prioridad estratégica” de la “integración regional de la industria de la defensa” como un medio de alcanzar la autonomía en este punto tan importante.

Estos aspectos positivos del DPDN empalidecen, sin embargo, si analizamos la relación entre el Poder Ejecutivo y los altos mandos. Recordemos que recién en 1999, durante el segundo gobierno de Cardoso se creó el Ministerio de Defensa, con la intención de iniciar una política “civil” contra la pretensión de los mandos de tener absoluta autonomía en este terreno. Sin embargo, la creación del Ministerio de Defensa se hizo dentro de los límites que le fijó el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, que mantuvo sus prerrogativas constitucionales y gran margen de autonomía funcional.

¿QUIÉN LE PONE EL CASCABEL AL GATO?

En Brasil el Ministerio de Defensa siempre estuvo poblado de militares, la presencia de funcionarios civiles es escasa, e incluso el nombramiento del Ministro del área depende de la anuencia de los Altos Mandos.

El tema de las relaciones entre el sector político (civil) y los militares arrastra graves problemas, nunca superados en la breve historia de la democracia en el vecino país. En síntesis, nunca se pudo establecer un efectivo control político sobre la estructura y funcionamiento de las Fuerzas Armadas, que cedieron el gobierno a los partidos políticos condicionando fuertemente la transición, y reservándose un lugar de privilegio en la arquitectura del poder, configurando un verdadero “Estado dentro del Estado”.

Ni siquiera un líder popular indiscutido como Lula Da Silva, investido del poder democráticamente, logró revertir definitivamente esta situación heredada. Esto explica, en gran medida, la militarización reciente de la seguridad en Río de Janeiro por el gobierno ilegítimo de Michel Temer, y las amenazantes declaraciones del Jefe de las Fuerzas Armadas, presionando al Poder Judicial.

*Profesor de Filosofía Política y Ciencia Política